EL MIRADOR POLÍTICO

Maniobras en la cancha inclinada

domingo, 19 de agosto de 2018 · 04:02

La eliminación del Fondo Sojero marcó el inicio de las maniobras concretas para repartir los costos económicos y políticos del ajuste. Hasta entonces, las tratativas se habían desarrollado en el plano hipotético.
Son $35 mil millones menos para las provincias en lo que queda de 2018 y todo 2019, y 263 millones hasta fin de año para el caso de Catamarca, donde estos recursos representan casi el 2% del presupuesto.
Si bien la posibilidad de anularlo ya se había barajado en los contactos entre funcionarios nacionales y provinciales por el Presupuesto 2019, la Casa Rosada avanzó sorpresivamente, con un decreto de necesidad y urgencia que detonó una ola de reproches. El instrumento puede ser avalado o rechazado por el Congreso. Mientras, intendencias y gobiernos especulan con judicializar el conflicto.
El movimiento parece responder a un “modus operandi” del que la administración Macri ha hecho culto: apuñala, evalúa las reacciones de los perjudicados y adapta a ellas sus procederes posteriores, sin excluir la reversión total o parcial de las disposiciones.
De este modo arranca, configura su ventaja en las negociaciones, inclina la cancha a su favor. Los gobiernos provinciales no asisten a rondas de consulta acerca de las características que deberían asumir las políticas que los afectan, sino a exigir que les devuelvan lo que les quitaron, que es una base de negociación bien distinta. Sobre ella, los burócratas nacionales comienzan a desplegar el repertorio de compensaciones, o bien descubren alternativas de recorte para la que precisan reunir consenso.

Antecedentes

El precedente más fresco de este método es la trama que alumbró el “consenso fiscal” a fines del año pasado y habilitó la sanción de la reforma previsional.
Nación y provincias pactaron un ajuste en el que mantuvieron la integridad de sus respectivas cajas a expensas de los jubilados, cuyos ingresos comenzaron a calcularse con una fórmula diferente.
En el mismo concilio, que se extendió meses, se acordaron los tarifazos sobre los servicios. También el derrotero que siguió este asunto exhibe con nitidez el “modus operandi” nacional. La Casa Rosada avanzó primero, en 2016, unilateralmente; los mandatarios se quejaron y los aumentos se retrotrajeron a la espera de coyunturas políticas más propicias, que se dieron tras el “consenso fiscal”, celebrado por los suscriptores como ejemplo de sensatez dialoguista.
Pero las provincias concurrían a aquellas reuniones con la yugular expuesta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se aprestaba a darle la razón a la provincia de Buenos Aires en el reclamo por la actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense. Esta sentencia sería letal para las finanzas del interior, pues suponía reponerle al presupuesto de Buenos Aires recursos que venían embuchando el resto de los distritos.
Como parece que va a pasar ahora con el Fondo Sojero, en esa oportunidad los gobiernos provinciales interpusieron planteos judiciales.
El “consenso fiscal” dejó la causa de Buenos Aires sin materia. El Fondo del Conurbano -10% de lo recaudado por impuesto a las Ganancias- se eliminó, pero en contrapartida Buenos Aires obtuvo fondos adicionales multimillonarios para este año y el próximo.
De acuerdo con un informe del IARAF, publicado por EL ANCASTI el lunes pasado, hubo dos excepciones a la caída real de los ingresos provinciales en el último año. La mayoría de las provincias experimentaron mermas de entre el 1,3 y el 4,8%; Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, en cambio, incrementaron sus recursos en un 10,7 y un 7,7%, respectivamente.
Se trata de las dos únicas administraciones subnacionales gobernadas por macristas “puros”. María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta en CABA. En esos territorios, que reúnen el 45% de los votantes del país, anida el embrión de un proyecto macrista autónomo de la estructura electoral del radicalismo.

Cuentas pendientes

Nación esgrime atenuantes más o menos atendibles para la transferencia de fondos hacia CABA y Buenos Aires. En esta encrucijada, subraya la transferencia de las empresas de servicios que obligará a ambas jurisdicciones a sacrificar fondos.
Tales excusas no alcanzan para disimular la postergación del interior ajeno a la Pampa Húmeda, ayuno de políticas específicas que morigeren sus desventajas comparativas y contribuyan a su desarrollo genuino y su autonomía. Salvo el “Plan Belgrano”, por supuesto, un sello publicitario exento de inversiones por encima de las que históricamente la Nación hizo en las provincias. No sería extraño que se lo desempolve y se lo relance por enésima vez, ahora que la desaparición del Fondo Sojero alienta insurrecciones.
Aparte de su incidencia económica, el Fondo eliminado tiene connotaciones federales importantes. La asignación a las provincias del 30% de lo recaudado por retenciones a las exportaciones de granos fue establecida en 2009, cuando el kirchnerismo precisaba respaldos para la pelea contra el campo.
Pero el problema del interior es de orden estructural y comenzar a resolverlo depende menos de la persistencia de un fondo o de compensaciones eventuales que de la elaboración de políticas diseñadas de acuerdo con las características específicas de cada región. El funcionariato nacional ha demostrado una ignorancia supina al respecto. Podría ser mero desinterés.
Entre los reclamos por el Fondo Sojero, pasó desapercibido un proyecto presentado por la diputada nacional Silvana Ginocchio para que no se aplique una medida incluida en la reforma tributaria que impacta en el mercado laboral del interior. A partir del año que viene, los empleadores de provincias como Catamarca no podrán anotar parte de sus contribuciones patronales como adelanto del IVA. Así, comenzarán a abonar las mismas cargas patronales que las de los empleadores de CABA y Buenos Aires. La decisión nacional es contraria al declamado objetivo de generar empleo por fuera de la administración pública en el interior. Se ve que desde las poltronas porteñas esto no se percibe.
Lo que ocurre ahora con el Fondo Sojero replica, para la circunstancia catamarqueña, lo ocurrido en su momento con los regímenes de diferimientos impositivos y promoción industrial. Eran sistemas que reducían costos de inversión en las regiones beneficiadas y la Nación los volteó urgida por necesidades financieras, independientemente de la orientación ideológica que tuvieran los ocasionales inquilinos de la Casa Rosada.
El diseño general permanece inalterado. El equilibrio de las cuentas provinciales, y su estabilidad política cuando los salarios de la administración pública tienen incidencia tan profunda como acá, está vinculado en gran medida a la vigencia de regímenes de coyuntura que la Nación puede anular de modo unilateral. La destrucción de puestos de trabajo que esto implica redobla la presión para que la estructura estatal, con fondos menguados, absorba desempleados.

Compensaciones

Se alega ahora que las pérdidas del Fondo Sojero se neutralizarán con aumentos de la coparticipación provenientes de los reintegros a los exportadores industriales, que dejarán de pagarse. Esto es: la administración nacional trata de instalar una puja distributiva entre gobiernos provinciales y la industria, que vendría así a suplantar a los sojeros como financistas. Es otra faceta de su “modus operandi” para trasladar controversias y esfuerzos fiscales.
Sin embargo, la corporación industrial no es el vulnerable universo de los jubilados, a quienes, todavía tímidamente, algunos sectores del Gobierno nacional empiezan a insinuar como blancos.
A diferencia de años anteriores, está además el condicionante nada menor de la sombra vigilante del FMI, cuya voluntad de prestamista fluctúa conforme al cumplimiento de metas fiscales que demandan restringir el gasto público.

 

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