CARA Y CRUZ

Podas a la vista

lunes, 13 de agosto de 2018 · 04:05

Quizás para no desatar pánico en tiempos de ajuste, el ministro de Hacienda de la Provincia, Sebastián Véliz, adelantó la semana pasada que el Gobierno trabaja en un decreto de recortes de los gastos que se podrían considerar no esenciales para el normal funcionamiento del Estado. Es decir, ítems tales como “telefonía celular corporativa, viáticos, uso de vehículos oficiales”, enumeró como para dar una idea de adónde apunta la tijera que viene. “La idea es hacer saber que tenemos que ser conscientes y austeros. Este sería el primer paso para elaborar el presupuesto del año que viene teniendo en cuenta la baja de recursos”, dijo el jefe de la cartera económica en diálogo con la prensa. Recortar ese tipo de gastos representa un trabajo intenso y bien puntilloso, porque implica poner la lupa sobre el presupuesto de cada una de las dependencias del Estado, tanto de la administración central como de la descentralizada, y determinar cuáles son las erogaciones superfluas o prescindibles. Y para ello deberá contar con la colaboración y el compromiso de cada uno de los ministros y responsables de áreas administrativas, algo que, es sabido, suele ser una tarea complicada, por cuanto todos defienden sus recursos como si fueran vitales para la marcha de la gestión, incluidos aquellos que no resisten demasiado análisis, como los vales de combustibles y el empleo de vehículos para cuestiones nada oficiales. 

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Todo ello en razón de que la gobernadora Lucía Corpacci ya tomó la decisión de no tocar el recurso humano. “En épocas de crisis no podemos dejar a las familias sin su sustento”, afirmó recientemente cuando se le consultó acerca de qué le pedía el Gobierno nacional para achicar el déficit fiscal. Si bien es cierto que el recorte de personal sería una salida rápida y efectiva, no hay dudas que se trata de la medida más dolorosa y de mayor impacto social negativo. Sin embargo, en el plano de las erogaciones corrientes una salida eficaz sería no cubrir los puestos de los empleados que se jubilan y reorganizar las plantillas de personal para reemplazar tales vacantes. Pero también resulta necesario en el caso de Catamarca, que el Gobierno replantee de una vez el rojo fiscal que representa el mantenimiento de apéndices estatales parasitarios, como CAMYEN Y PRODUCAT, que no han logrado autofinanciarse sino que, por el contrario, constituyen un agujero en el gasto público provincial, ya que ni siquiera logran pagar los sueldos de los empleados. No es cuestión de bajarles el telón de la noche a la mañana, pero sí al menos de exigirles un plan progresivo de sustentabilidad. Porque no están apremiados por metas de esa naturaleza es que precisamente siguen siendo deficitarios.

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Por otro lado, si bien el ministro Véliz se cuidó de hablar solamente de la órbita del Poder Ejecutivo, es indudable que también las cámaras legislativas deben hacer su esfuerzo y acomodarse a los tiempos que corren. En este caso, deberá ser el ala política del Gobierno la que se ocupe de coordinar un recorte similar de gastos prescindibles en Diputados y Senadores, pero también de comprometerlos a no designar más gente en ninguna de las cámaras. Más allá de la independencia de los poderes y del principio de no injerencia, las autoridades de ambos cuerpos tienen la obligación política y moral de mostrar que son solidarios con el momento de crisis y definir un plan de ajuste propio. Si bien el presupuesto del Poder Legislativo representa menos del 1% del total provincial, la relevancia del ajuste en ese ámbito es de orden simbólico: demostrar simplemente que no viven en un termo y que pueden hacer una contribución a la causa.  
 

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