EDITORIAL

Buenos efectos inesperados

domingo, 12 de agosto de 2018 · 04:09

Los debates, cuando se profundizan, cuando exploran argumentos normalmente soslayados, cuando interpelan sobre problemáticas de interés público que encierran antiguos y no respondidos interrogantes, suelen tener efectos inesperados. Es decir, resultados que, aunque con obvias vinculaciones, no se relacionan directamente con lo estrictamente planteado en el debate inicial.

Es lo que ha sucedido con el debate respecto del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que esta semana rechazó el Senado de la Nación. La fuerza con la que se instalaron en la consideración pública los temas conexos a la problemática tuvo como derivación muy positiva la discusión sobre la importancia de la educación sexual, particularmente entre los adolescentes y jóvenes, como eficaz manera de prevenir embarazos no deseados. Y en este punto, controvertido antes, terminaron coincidiendo los dos sectores que polemizaron respecto de la conveniencia de aprobar el proyecto, salvo facciones ultraconservadoras con representantes como el polémico médico Abel Albino.

La educación sexual no es una mera propuesta impulsada por la campaña nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, que se llevó adelante bajo el lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Es un programa aprobado por ley 26150, sancionada el 4 de octubre de 2006. Pero pese a haber transcurrido casi doce años desde su sanción, salvo contadísimas y muy valorables excepciones, nunca se aplicó en las escuelas argentinas, pese a contar con material bibliográfico especialmente diseñado para su implementación.

El Programa Nacional de Educación Sexual Integral que creó la ley promueve la educación para una sexualidad responsable desde una perspectiva de género, incluyendo además aspectos de la diversidad sexual, apuntando también a la prevención de los problemas de salud, -en particular de la salud sexual y reproductiva-y reconociendo a los estudiantes como sujetos de derecho.

La falta de implementación del programa debe atribuirse, por un parte, a la falta de voluntad política de las autoridades de las áreas educativas de Nación y Estados provinciales, pero fundamentalmente a las presiones ejercidas por los sectores más conservadores de la sociedad, en particular la Iglesia Católica.

En muchas provincias, incluso, ni siquiera se ha aprobado una ley de adhesión a la nacional, que facilite la aplicación en las escuelas de cada jurisdicción. Eso sucede, por ejemplo, en Catamarca, donde los proyectos presentados en ese sentido, que deberían tener un trámite expedito, nunca fueron tratados.

Pero como se apuntó más arriba, el debate en torno al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, al revelar la magnitud del flagelo ya inocultable de los abortos clandestinos, dejó al descubierto también la necesidad de que la educación sexual sea sistemática y de cumplimiento obligatorio.

En torno a esta coincidencia casi unánime debe trabajarse ahora para reducir o atemperar la gravedad de los problemas que afectan a chicos en edad escolar que hasta ahora, por incomprensibles argumentos retrógrados, no pudieron acceder a información clave para afrontar una vida sexual saludable y responsable.

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