EDITORIAL

Mano dura y garantismo

Entre las tantas “grietas” argentinas se encuentra una que divide a los que son partidarios de la mano dura en materia de seguridad y los que sostienen posiciones cercanas a lo que se denomina “el garantismo”...
miércoles, 01 de agosto de 2018 · 04:36


Entre las tantas “grietas” argentinas se encuentra una que divide a los que son partidarios de la mano dura en materia de seguridad y los que sostienen posiciones cercanas a lo que se denomina “el garantismo”.


Tal vez de todas las polémicas que se manifiestan dicotómicamente en la sociedad ésta sea la que está más llena de prejuicios, culpables éstos de divisiones no deberían ser tales, o al menos no con abismos tan pronunciados entre ambos opuestos.


Contribuyen a fortalecer los preconceptos aludidos las variantes extremas de ambas partes, que imputan a los adversarios posiciones que se sitúan decididamente en la ilegalidad. Los “mano dura” consideran que los “garantistas” defienden a los delincuentes. Y los “garantistas” acusan a los “mano dura” de justificar delitos o crímenes perpetrados por las fuerzas de seguridad.


Debería hacerse un esfuerzo para moderar estas recriminaciones. Ningún ciudadano que se precie de respetuoso del estado de derecho puede defender o justificar a delincuentes, vistan o no uniforme. El debate, en todo caso, es válido si gira en torno, por ejemplo, al poder que el Estado le otorga a la policía en la lucha contra la ilegalidad o al endurecimiento o no de las penas que les corresponden a algunos delitos.


En este contexto de análisis debe considerarse el caso del juez de Ejecución Penal de Gualeguaychú, Carlos Rossi, que acaba de ser absuelto en el jury que se le siguió por mal desempeño e idoneidad. El magistrado decidió, en 2016, otorgarle la libertad condicional a Sebastián Wagner, que había sido condenado en 2012 a nueve años de prisión por abuso sexual. Pocos meses de obtener la libertad, el reo violó y mató a la joven Micaela García, un caso que tuvo notable repercusión por la brutalidad del hecho, pero también por la controvertida decisión del juez.


La absolución de Rossi, que volverá a su cargo de juez, desató un justificado escándalo. Es que si bien es cierto que las leyes penales vigentes habilitaban al magistrado a tomar esa decisión, también lo es que deben darse algunas condiciones, que no se cumplían en este caso en particular: tres informes técnicos desaconsejaban el otorgamiento de la libertad condicional del reo, ahora femicida condenado a perpetua. 


Para que Rossi fuera absuelto en el jury en su contra fue clave que el Procurador General de Entre Ríos no lo acusó en los alegatos de clausura. Más que el “garantismo”, lo que benefició al juez fue el corporativismo judicial, también reflejado en el hecho de que tres de los votos a favor de su absolución correspondieron a jueces, y el restante a un abogado, mientras que por su destitución votaron un abogado, un senador y un diputado.


Las controversias entre los partidarios de la mano dura y los garantistas pueden ser válidas si las posiciones se encuadran en criterios legales. Si se basan en defender, o tolerar, o facilitar conductas delictivas, el problema es de mayor gravedad, sobre todo si los involucrados ocupan lugares en la Justicia, como el caso del magistrado que fue absuelto en Entre Ríos. 

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