cara y cruz

Artistas de la finta

miércoles, 01 de agosto de 2018 · 04:19

Algunos referentes políticos consiguen en el arte de la finta cumbres superiores a las alcanzadas por el gran Nicolino Locche. Años de entrenamiento, duros sin duda, los han dotado de un agudo instinto para advertir las ocasiones más convenientes para atacar o replegarse, según como venga la mano para las contiendas verbales. El episodio de espionaje que involucra al secretario de Seguridad Marcos Denett y a la Policía de la Provincia permite apreciar la habilidad de estos artistas del acomodo. Si la gestión de los espías se hubiera desplegado por instrucciones o con la anuencia del Gobierno nacional, por estas horas los catamarqueños estarían asistiendo a un torrente de manifestaciones públicas o iniciativas legislativas afligidas por tamaño atentado al sistema democrático; como el incidente es responsabilidad de funcionarios del Gobierno local, parece no haber pasado nada. La falta de reflejos de la oposición es llamativa, por cierto, pero no tanto como el mutis por el foro de caracterizados representantes del oficialismo siempre prestos a repudiar cualquier mínima amenaza a los derechos civiles. Se ve que la vigilancia por el estado de derecho afloja cuando afecta a la tropa propia. 


El carácter irregular del “censo” instrumentado por la Policía para indagar sobre las actividades de los centros vecinales y la filiación política de “líderes sociales” y punteros fue admitido por el propio secretario Denett, que tampoco había sabido ser lerdo para esto de hacerse el sota: en cuanto comenzó a tomar color la polémica informó por facebook, su canal de comunicación predilecto, la decisión de dejar sin efecto el sondeo y destruir cualquier registro obtenido a través de él. El jefe de Policía Orlando Quevedo, con menos aptitudes para la gambeta, había defendido poco antes el procedimiento como una herramienta útil para mejorar el desempeño policial. Pobre: su superior político lo desautorizó sin consideración alguna. Fuentes policiales aseguran que el censo fue en realidad idea de la Secretaría de Seguridad. Vaya a saberse: ni Denett se explayó en recriminaciones a las autoridades policiales, ni las autoridades policiales expresaron quejas por la falta de solidaridad del funcionario con sus colaboradores.


La cuestión es que, al margen de la veloz finta de Denett, ninguna de las voces habituales se alzó para marcar la flagrante violación que el censo policial supone a la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, que prohíbe recabar información o almacenar datos sobre personas por su raza, religión, acciones privadas u opinión política. El silencio es notable, porque las condenas de los dirigentes provinciales ligados al oficialismo suelen precipitarse frente a hechos mucho menos graves cuando ocurren en otras jurisdicciones. La dinámica política expone a estas contradicciones. Hace pocas horas, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, se vio envuelta en una incómoda situación en San Luis, cuando víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura la cuestionó por el “perdón” concedido al gobernador Alberto Rodríguez Saá, que firmó en 1978 una carta dirigida al almirante Eduardo Emilio Massera en la que pedía un “castigo ejemplar” para “subversivos” de esa provincia. El perdón se imponía, qué va’cer. Rodríguez Saá es aliado ahora de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
 

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