Si la función de los medios de comunicación es, en términos simplificados, reflejar la realidad e interpretarla críticamente, lógico resulta que por estos días den cuenta del acrecentamiento evidente de las necesidades que tienen los sectores vulnerables.
En su edición de ayer El Ancasti advirtió sobre la creciente demanda en los comedores comunitarios que funcionan en barrios de la ciudad. No solo asisten cada vez más niños, a comer allí o a llevar los alimentos a sus casas, sino que además en los últimos meses se registra una mayor presencia de adultos con dificultades para encontrar trabajo. El notable enfriamiento de la actividad económica ha empezado a repercutir especialmente en los trabajadores informales, que han perdido un porcentaje estimable de sus fuentes de ingresos, aunque de no revertirse el proceso de deterioro es previsible que también los trabajadores registrados que pierden su empleo se sumen a la porción de la población con necesidades básicas insatisfechas.
La gobernadora Lucía Corpacci, que en el primer tramo del gobierno de la actual gestión fue cautelosa en sus análisis de las políticas nacionales, ha empezado a adoptar posturas más críticas al momento de reflejar la situación social. En el acto de homenaje a Eva Perón reflexionó que “lo que está pasando es una disputa económica entre los más poderosos, donde se les quita a los más débiles y ganan los grupos económicos más concentrados, en esa realidad vivimos. Y ya nadie puede mirar a otro lado, porque por donde uno va se nota, se siente y se vive la necesidad de la gente”.
La agudización de la crisis no es un diagnóstico solo de sectores críticos de las políticas que implementa el Gobierno nacional, sino que es admitida por las propias autoridades. El delegado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Catamarca, Carlos Martínez, reconoció el incremento de la demanda de los distintos municipios, pero también admitió el impacto negativo que está teniendo, en materia de asistencia social, el ajuste que está realizando el Gobierno nacional, lo que implica una reducción de las partidas. De modo que la ayuda se reduce a los casos “más complicados”. Según Martínez, la asistencia que baja a través de Desarrollo Social de la Nación "es para municipios puntuales, donde la situación social los está desbordando".
Estadísticas oficiales dan cuenta, asimismo, del deterioro de los indicadores sociales: solo a modo de ejemplo, casi de la mitad de los niños de la Argentina se encuentran en una situación de pobreza, y en distritos de alta conflictividad social, como lo es el Gran Buenos Aires, el índice de desempleo ya llega al 13 por ciento.
En este contexto difícil, aparece como una decisión incongruente, pero además peligrosa, la reducción de las partidas para asistencia social. Si hay un sector en el que no deben practicarse medidas de ajuste es precisamente en el que tiene, como Desarrollo Social, la misión de contener a las personas que sufren las consecuencias de las políticas oficiales destinadas a reducir el déficit fiscal.
Los costos, sociales y políticos, de tal incongruencia, suelen pagarse muy caro.
