Hace dos años, la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca difundió en conferencia de prensa los datos de un informe sobre la usura. Las tasas de interés que cobraban los malandras más angurrientos fluctuaban entre el 400 y el 560%; la actividad se llevaba de la provincia casi 600 millones de pesos al año. Esto, téngase en cuenta, antes de las devaluaciones y de que la crisis comenzara a hacer estragos.
El relevamiento municipal exponía el carácter ornamental de la Comisión Ejecutiva para la Erradicación de la Usura, una entidad pluriministerial que el Gobierno había lanzado con grandes alharacas cuatro años antes, luego de una serie de notas de EL ANCASTI sobre la expansión del negocio ilícito en alas de la escasa oferta de créditos adecuados a las condiciones económicas del público local de los bancos radicados en Catamarca.
Sin acceso al crédito regular, los catamarqueños menos favorecidos socialmente, con ingresos insuficientes para satisfacer requisitos fuera de escala, no tenían más alternativa que caer en las “cuevas” de los prestamistas y abonar costos financieros desmesurados por cifras muy pequeñas.
Como si las facilidades para el abuso con un mercado cautivo configurado de tal modo fueran pocas, el propio Estado suministraba a los usureros códigos de descuento, a través de los cuales se cobraban las cuotas de los préstamos directamente de los sueldos y jubilaciones. Los bancos se encargaban de efectuar los descuentos a cambio de una comisión, cómplices del robo.
Objeciones éticas al margen, la consolidación del negocio de la usura complementaba la acción de la banca en una ostensible operación de despojo. Mientras los Shylocks radicados en la provincia se llevaban sus ganancias afuera, las entidades bancarias capturaban los depósitos de los catamarqueños y los trabajaban financieramente en otras provincias, sobre todo las de la Pampa Húmeda. La maniobra incluía al Banco de la Nación, que manejaba, como maneja todavía, las multimillonarias cuentas de la administración pública y la Justicia provinciales.
Buitres de parabienes
A seis años del lanzamiento del Comité Antiusura y a dos del lapidario informe municipal, la situación es todavía peor y tiende a profundizar su perjudicial inercia en el marco de la crisis.
Este diario informó esta semana sobre la persistencia del negocio, con tasas promedio de entre el 200 y el 300%, y su perfeccionamiento con la incorporación de mecanismos como el “delibery” ofrecido a través de las redes sociales por financieras virtuales que ni siquiera abonan un alquiler.
Los prestamistas recuperan el capital prestado en la cuarta o quinta cuota de créditos que las víctimas pagan en 12, 24 o 36 partes. Un banquete tan ilegal como pantagruélico, que se celebra a la luz pública, con absoluta impunidad.
Para el tontaje
La Dirección de Defensa del Consumidor reincidió en la confesión de su impotencia para poner coto al expolio.
El promocionado Comité Antiusura resultó ser una puesta en escena publicitaria, pura bulla para el tontaje, como una especie del precedente del Plan Belgrano que cada tanto saca a relucir la Casa Rosada.
De acuerdo con el decreto-acuerdo que lo creó, estaría integrado por representantes de los ministerios de Gobierno, Hacienda, Producción y Desarrollo Social, la Fiscalía de Estado y la Asesoría General de Gobierno. Se encargaría de perseguir y sancionar a quienes prestaran dinero con costos financieros totales superiores al 7% por sobre la tasa anual informada por el Banco Central.
Defensa del Consumidor admitió que el ente funcionó durante unos pocos meses y se limitó a requerir un par de informes. Cumplida la escenificación, se diluyó sin pena ni gloria y sin que se conociera la aplicación de una sola sanción, cosa extraña dado lo evidente de las financieras en el mismísimo microcentro.
Indefensos
Deserción del Estado provincial por partida doble: deja a los catamarqueños a merced de la rapiña y permite la fuga de millonadas mal habidas, mientras el sector productivo declina castigado por la crisis y se destruyen fuerzas de trabajo. Y el remache: la usura no tributa en Catamarca.
El fracaso de la política supuestamente diseñada para combatir el flagelo incluye la insuficiencia de los préstamos que el sector público ofrece a través de la Caja de Prestaciones Sociales (CAPRESCA) y la Caja de Crédito Municipal, cuyas gestiones, por otra parte, se circunscriben a los agentes de la administración pública.
Las suculentas utilidades que el Banco Nación obtiene de administrar las cuentas públicas no tienen contrapartida para la Provincia o para los catamarqueños. Como la banca privada, el Nación usa el dinero de los catamarqueños para financiar al público de otros distritos. Un esquema perverso: una sociedad empobrecida y con acceso al crédito restringido contribuye al financiamiento de comunidades mucho más prósperas. La sucursal local del Nación es una de las más rentables, en términos relativos, del país.
La adecuación de los requisitos para acceder a préstamos no forma parte de la agenda política gubernamental, a pesar del valioso elemento de negociación en tal sentido que supone la prerrogativa política de decidir la concesión del manejo financiero del erario.
Esta desidia, impericia o complicidad estatal explica que el fenómeno de la expansión de la usura sea simultáneo a la proliferación de bancos privados. Es una ganga irresistible: apoderarse del dinero catamarqueño y ponerlo a trabajar afuera, mientras se engullen intereses desmedidos para seguir la rueda.
CAJONES
La consolidación del negocio de la usura complementa la acción de la banca en una ostensible operación de despojo.
La adecuación de los requisitos para acceder a préstamos en los bancos no forma parte de la agenda gubernamental.