No pueden los jerarcas policiales catamarqueños alegar ignorancia de las leyes, mucho menos las de competencia específica. De modo que no tienen asidero alguno las argumentaciones que se hacen desde la fuerza de seguridad para intentar, vanamente, justificar las tareas de inteligencia sobre la sociedad civil ordenadas presuntamente por la Jefatura Regional a las distintas comisarías de la provincia.
La Ley de Inteligencia Nacional 25.520 no deja lugar a dudas respecto de la ilegalidad de estas actividades de espionaje- En su artículo 4, Inciso 2, consigna que está prohibido "obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción".
La orden, bajada según todo indica desde la Jefatura, de elaborar un “censo” en el que los efectivos policiales deben anotar en planillas, entre otras cosas, la orientación política de los centros vecinales y líderes sociales, así como identificar a los alumnos con “problemas de conducta” y las actividades “extras” que desarrollan las iglesias asentadas en territorio provincial, colisionan con lo establecido en el instrumento legal, que rige no desde hace poco tiempo, sino desde hace 17 años.
El desatino de esta orden trascendió porque empezaron a circular por las redes sociales y los servicios de mensajería copias de las planillas distribuidas en las comisarías. Se desconoce cuánto hace que la policía catamarqueña ejecuta estas herramientas para escrutar ideologías, y para qué fines, por lo que sería muy acertado si desde el Ejecutivo provincial se proporciona la información completa sobre estas actividades ilegales. También, por cierto, que se diga si el secretario de Seguridad, Marcos Denett, estaba al tanto de ellas. Como es un hombre de leyes, se debe inferir que las desconocía. Pero eso está por verse.
Otra versión que dan fuentes confiables, pero que por razones obvias prefieren el anonimato, sugieren que Denett no solo está al tanto sino que es el mentor, y que el propósito del espionaje se relaciona con la próxima contienda electoral, como una suerte de control respecto de cómo se mueven políticamente los punteros e, incluso, los propios funcionarios provinciales, lo que es aún más inquietante.
Las tareas de inteligencia que desarrollan las fuerzas de seguridad, controladas por la Justicia, tienen sustento y legalidad si se practican con la finalidad de combatir el crimen, es decir, de averiguar las actividades ilícitas de personas y de bandas delictivas.
La investigación secreta de las actividades lícitas o, peor, de las ideologías de los ciudadanos, no solo es una práctica ilegal sino también un despreciable resabio de la dictadura. Que se practique en democracia, impulsada o con anuencia de las autoridades de la fuerza es de una gravedad inusitada que merece una investigación sin contemplaciones.
