Los cuatro meses que lleva el despojo perpetrado por el Instituto Provincial de la Vivienda en perjuicio de una mujer sola y su hijo dan cuenta, en términos generales, de la indefensión en que se encuentra la sociedad ante eventuales arbitrariedades del funcionariato bien conectado con el poder, pero sobre todo de la miserable catadura ética de los responsables del organismo comandado por el arquitecto Dante López Rodríguez, dilecto integrante del círculo de la gobernadora Lucía Corpacci y aspirante a la Intendencia de la Capital. Rita Toloza fue desalojada el 4 de abril pasado, cuando un policía le impidió entrar en su casa de Valle Chico con el pretexto de que se había producido un intento de usurpación. Ni siquiera le permitieron sacar sus pertenencias. El IPV interpuso todos los obstáculos burocráticos habidos y por haber al trámite administrativo que se vio obligada a realizar para tratar de recuperar su modesto patrimonio. Tuvo que contratar los servicios de un abogado para que le permitieran acceder al expediente.
A las denuncias de que no habitaba la casa adjudicada, en el ingenioso sistema de delación que el IPV alienta, al que se pliegan aspirantes a hacerse con una vivienda poco escrupulosos, ella opuso los testimonios de varios vecinos que confirmaron que vivía donde vivía, circunstancia de todas maneras evidente porque dentro de la casa estaban su ropa, sus muebles, sus artefactos eléctricos, sus herramientas de trabajo y sus alimentos. La denuncia penal que radicó por el irregular desalojo, operado sin intervención de la Justicia, todavía está en veremos. Lo que hace el IPV está tipificado en el Código Penal bajo las figuras de robo y usurpación. Parece que a López Rodríguez y su séquito, muy seguros de la impunidad que le suministran sus vinculaciones, esto les importa poco. No es cuestión de alarmarse por nimiedades: los impunes son legión en esta provincia. Más preocupante es advertir los rastreros instintos de los personajes. Podrán alegar, como cualquier mediocre burócrata, centenares de argumentos leguleyos para intentar justificarse. Sin embargo, como está probado que Toloza ocupaba la vivienda que le quitaron, y como devolvérsela depende pura y exclusivamente de la voluntad de ellos, que todavía no hayan reparado el daño que hicieron sólo puede atribuirse a su deseo de darle un escarmiento a quien osó reclamar lo suyo. Rita Toloza está en serios problemas: no hay código que sancione las canalladas. Que escarmiente, entonces, que muerda fierro hasta las encías. Si la Justicia no le da respuestas, menos han de dárselas quienes se regodean en sus padeceres. Capaz que hasta se dan en gusto de dejarla nomás sin casa, para que aprenda.
Nada puede esperarse ya de los capangas del IPV, a quienes podría ya diagnosticárseles una severa patología moral. Es el sistema institucional el que falla a esta altura. La Justicia parece haber abandonado a la mujer a su suerte. Ni una sola voz en todo el arco político catamarqueño se ha alzado para señalar la palmaria injusticia cometida contra una mujer indefensa. Ni un legislador, ni un concejal, ni un puntero; ninguno de los que se llenan la boca de justicia social, de derechos de género, de sensibilidad con la situación de los humildes, de consignas contra el mefistofélico neoliberalismo y sus consecuencias. La encendida oratoria empleada en abstracciones enmudece para el concreto abuso de poder de Dante López Rodríguez y sus colaboradores contra una humilde trabajadora. La indiferencia los convierte en cómplices, tanto del despojo como del cruel ensañamiento de un puñado de miserables.
