La política de combate contra la usura es uno de los más sentidos versos urdidos por el Gobierno para los catamarqueños. Como cada vez que este diario informa al respecto, la Dirección de Defensa del Consumidor admitió su impotencia para enfrentar el flagelo y señaló la inexistencia práctica del Comité Ejecutivo para la Erradicación de la Usura, organismo multiministerial creado por el decreto-acuerdo 636/12 hace ya seis años (ver página 2). La perseverancia de los usureros impide olvidar las alharacas que enmarcaron aquella declaración de guerra gubernamental. Puro jarabe de pico. El promocionado equipo estaría integrado por profesionales y funcionarios de los ministerios de Gobierno, Producción, Desarrollo Social y Hacienda, la Fiscalía de Estado y la Asesoría General de Gobierno. El decreto estableció como techo para el costo financiero total de cualquier crédito personal un 7% por encima de la tasa informada por el Banco de la Nación; superado ese límite, el interés sería considerado usurario y daría lugar a las sanciones correspondientes. En su edición de ayer, El Ancasti informó cómo las casas financieras locales pasan tal tope como alambre caído y, aparte, se abstienen de cumplir con la obligación de exponer los datos sobre intereses y costos administrativos de los préstamos que otorgan. La crisis ha ampliado el universo de sus víctimas, y llegan a cobrar tasas superiores al 200% sin que nadie haga nada para obstaculizarles las maniobras fraudulentas. Usura en expansión e impune.
En septiembre de 2016, la Municipalidad de la Capital difundió en conferencia de prensa los resultados de un estudio técnico: los prestamistas despojaban a la provincia de unos 360 millones de pesos anuales. Las casas financieras cobraban por entonces alrededor de 30 millones de pesos al mes por el costo financiero total (CFT) de las sumas que prestaban a los catamarqueños que no podían acceder al sistema de créditos bancario. Tal CFT promediaba el 460% del dinero prestado: entre el 353 y el 580%, de acuerdo con el usurero al que la víctima acudía. Los intereses que aplicaban los bancos, mientras tanto, iban del 53 al 63%. “Como para tener dimensión de lo que implica –se consignó en la oportunidad en este espacio editorial-, el último aumento a los municipales capitalinos significará un gasto adicional de 5 millones de pesos al mes, mientras las casas financieras se llevan 30; la Municipalidad gastará 60 millones de pesos al año, la usura erradica de la provincia casi 400 en el mismo período”.
A dos años del informe municipal y seis del lanzamiento del Comité Ejecutivo para la Erradicación de la Usura, todo está como era entonces. No solo no se persigue la usura: tampoco se avanza en tratativas con los bancos para facilitar el acceso al crédito del público catamarqueño. La oferta de CAPRESCA y la Caja de Crédito Municipal es de una patética insuficiencia para frenar el drenaje. Las “cuevas” de los prestamistas perfeccionan de tal modo el circuito del saqueo, al complementar por vía ilegal la acción que los bancos despliegan amparados por la ley: tomar los depósitos de los catamarqueños, incluidas las multimillonarias sumas de los sueldos de la administración pública y prestarlos en otras plazas. Utilidades financieras siderales con plata de la provincia, de las que la provincia no huele un peso. El diseño para esquilmar es perfecto: los bancos no prestan porque se trabajan el dinero en otras jurisdicciones; sin acceso al crédito, la mayoría de los catamarqueños, en especial los de los sectores más postergados y vulnerables, no tienen otro remedio que entrar en el circuito infernal de la usura. Lejos de remitir, este esquema parasitario se afianzó, beneficiado por la inoperancia y la desidia de un Estado cómplice.
