CARA Y CRUZ

Otra pulseada Nación-provincias

lunes, 2 de julio de 2018 · 04:05

Para cumplir con las metas del FMI, el Gobierno nacional necesita imperiosamente del apoyo de las provincias; o, más puntualmente, de un acuerdo extra con los gobernadores peronistas para el presupuesto 2019. Eso es porque el organismo internacional le prestará a la Argentina 50.000 millones de dólares, con la condición de que el año próximo el déficit fiscal sea de 1,3% del PBI y que en 2020 alcance déficit cero. Y para ello la Nación intenta transferir parte de su déficit a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), concretamente el gasto en subsidios a la energía eléctrica y el transporte, pero en un esquema gradual de cinco años. Los gobernadores están de acuerdo parcialmente con el plan, pero exigen que la Nación se desprenda de gastos que deberían asumir solamente la CABA y provincia de Buenos Aires. Por caso, piden que Mauricio Macri traspase a los distritos gobernados por Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, ambos de Cambiemos, la empresa nacional AYSA (agua), que insumirá este año unos $10.000 millones en obras que solo benefician a porteños y bonaerenses, al igual que los subsidios para el transporte y la luz (Cammesa), de unos $100.000 millones. Quien llevó la voz cantante en representación de los mandatarios opositores fue el cordobés Juan Schiaretti. En contrapartida, el Gobierno central reducirá al resto de las provincias las transferencias no automáticas –también llamadas discrecionales- para gastos corrientes y obras por un total de $140.000 millones. 

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Los gobernadores peronistas también exigen que la Nación se desprenda del sostenimiento de la Justicia de la CABA y se lo transfiera a Rodríguez Larreta. Y además que postergue la reducción del impuesto a los Ingresos Brutos –tal como se firmó en el Pacto Fiscal en diciembre pasado-, que representa una importante fuente de ingresos en las provincias más grandes, como Córdoba, Santa Fe y Mendoza. La decisión de reducir las transferencias no automáticas no disgusta a los gobernadores, que ven así la posibilidad de ganar en autonomía. Pero aparte es coherente con el plan de “desarmado” del esquema de dependencia política que montó el kirchnerismo con la torta de recursos fiscales para premiar  o castigar a los gobernadores según su lógica de poder. En ese momento, del total de recursos nacionales, el Gobierno central retenía el 75% y el 25% iban a las provincias. Luego de la devolución del 15% de la coparticipación que detraía ANSES y de la baja de las retenciones, la distribución actual quedó en 68% para Nación y 32% para las provincias. 

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Hasta ahora, la gobernadora, Lucía Corpacci, tomó nota de que la Nación no financiará nuevas obras públicas en Catamarca –es decir, las que no estén presupuestadas-, pero de a poco se empieza a ver que hay recortes en algunas áreas que dependían de fondos nacionales para algunos gastos. Es el caso de las escuelas que recibían recursos para realizar pequeñas reparaciones en las escuelas, comprar insumos o pagar la movilidad de los alumnos que viven en lugares alejados. Según precisó el director de Programas Educativos de la cartera provincial, Diego Leiva, en lo que va del año, la poda alcanza a 10 millones de pesos, lo que hace suponer que se duplicará hasta diciembre. Es decir, en adelante la Provincia deberá hacer afrontar esos gastos si los considera prioritarios. Pero además, deberá estar alerta a cómo empieza a impactar en otras áreas, como salud y acción social, el menor goteo de recursos nacionales en algunos programas específicos. Más aún: hasta el posible adelantamiento de las elecciones provinciales en marzo de 2019, en forma desdoblada de las nacionales, representa un gasto que debe asumir Catamarca por su cuenta. 

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