Una de las estrategias eficaces para omitir u ocultar o, en el mejor de los casos, disimular las consecuencias de una medida política impopular, es disfrazarla con palabras rebuscadas, que poco o nada transmiten acerca de su verdadera motivación o propósito.
Bien vale como ejemplo el plan que tiene el gobierno respecto de los fondos jubilatorios en el contexto del plan de ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional.
El mensaje, difundido por funcionarios del gobierno nacional, y por lo general reproducido sin demasiadas explicaciones que orienten respecto de las derivaciones que puede tener, es que entre los mecanismos a los que la Argentina recurrirá para lograr el equilibrio fiscal se encuentra el de la amortización de activos en fondos de pensión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social para financiar el gasto por juicios por jubilaciones.
La expresión encubre una explicación mucho más sencilla: el gobierno planea utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para afrontar el pago de juicios.
El FGS está formado por los títulos públicos y las acciones de empresas privadas a los que accedió el
Estado cuando se estatizaron las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) en el año 2008. La función de ese fondo es clave: como su nombre lo indica –en este caso el sentido es explícito- se trata de un recurso para garantizar la sustentabilidad del pago de las jubilaciones y pensiones. Es decir, que existan los recursos necesarios para asegurar de manera permanente al pago de los haberes de jubilados y pensionados.
La estrategia del gobierno de recurrir al FGS fue habilitado legalmente en 2016, cuando se sancionó la Ley de Reparación Histórica. La modificación aprobada hace dos años indica que los recursos “podrán ser utilizados para pagar los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino y para hacer frente a los compromisos asumidos en la Ley 27.260 de Reparación Histórica”.
La idea original es que esos recursos sirviesen para afrontar el pago de los haberes previsionales en situaciones excepcionales, circunstancias que, según analizan los especialistas, no se dan en las actuales circunstancias.
Un ex director de la ANSES, Miguel Ángel Fernández Pastor, concede que “el fondo puede ser utilizado en situaciones excepcionales para abonar las prestaciones cuando no alcance para pagar”; pero, apunta “hoy esa circunstancia no se da bajo ningún concepto”.
Y agrega datos inquietantes: “Significa que el Estado dejará de utilizar los impuestos que hoy van a seguridad social. En dos años, cuando se agote el FGS, no tendremos ni eso, ni los impuestos, y la disminución de recursos implicará que seguirán a la baja las prestaciones actuales de los jubilados, y que no dejarán entrar nuevos beneficiarios al sistema”.
Tal vez este pronóstico suene apocalíptico y no se cumpla de un modo tan tajante. Pero la intención oficial de apelar a recursos que pueden comprometer la propia sustentabilidad del sistema previsional, aunque se encubra en palabreríos complejos, debe encender en todos una luz de alerta.