viernes 22 de marzo de 2024
|| CARA Y CRUZ ||

Mensajes del Senado

Por Redacción El Ancasti

Las manifestaciones del senador por Ancasti, Ariel Cordero, sobre un pedido de desafuero que pende sobre su par andalgalense, Juan Carlos Espinoza, ameritan un esfuerzo de exégesis. Para el legislador ancasteño, es preciso que la comisión de Asuntos Constitucionales del cuerpo convoque al juez de Garantías que plantea el desafuero, José Antonio Carma, a los fines de “tener una visión bien amplia de la situación, para que las decisiones se tomen con responsabilidad”. El trámite es superfluo: no hacen falta explicaciones adicionales de Carma para que la Cámara de Senadores decida si Espinoza se somete o no al escrutinio judicial. Lo que está faltando, en cambio, son las declaraciones de Espinoza en el expediente judicial que lo involucra, iniciado por una denuncia de acoso sexual y omisión de pago de haberes de una ex empleada suya. Es justamente la necesidad de incorporar estas declaraciones del acusado al proceso lo que motiva el planteo de Carma. Lo curioso del caso es que la reticencia a apresurar los trámites para habilitar o rechazar el desafuero sea expresada por un senador del bando antagonista al del acusado: Cordero revista en el FCS-Cambiemos y Espinoza en el Frente Justicialista para la Victoria. También llama la atención que Cordero emita su opinión para destacar de inmediato la impotencia de su bancada, que tiene solo tres integrantes contra los 13 que componen la de Espinoza, para incidir sobre la definición del proceso.


Cordero considera que el carácter “complejo y poco común” de la causa contra Espinoza demanda que se evalúen “profundamente los motivos por los que el juez pide el desafuero”. Que la causa sea “poco común” es discutible: de causas sexuales están los juzgados llenos, aunque es cierto que no son muchas las que comprometen a legisladores. Pero de ningún modo puede considerársela “compleja”. Una mujer denunció que un senador la acosó y no le pagó el sueldo durante ocho meses, el juez de Garantías pide que el senador sea despojado de sus inmunidades para que se explique en tribunales. No hay complejidad alguna: o el Senado permite que Espinoza se someta al procedimiento judicial o no lo hace. La convocatoria al juez que propone Cordero solo contribuye a dilatar la resolución. Si el senador ancasteño sospecha que existen móviles espurios en el planteo del desafuero, haría mejor en explicitarlos.  

 

Si el caso de Espinoza se concatena con el de la supuesta retención de parte del sueldo de un empleado, en el que fue apuntado el senador por Santa Rosa Julio Maza, y un incidente por supuestos abusos sexuales que no pasó a mayores pero rozó al equipo del senador por Pomán, Héctor Fernández, adquiere otro cariz. No se trata de causas “complejas”, como quiere Cordero, sino delicadas desde el punto de vista institucional por lo que implican. Más allá de la peripecia particular de Espinoza, el Senado, un cuerpo por lo general menos expuesto a escandaletes que la Cámara de Diputados, se encuentra en una posición que le exige mensajes claros para no dejar margen a interpretaciones equívocas. En lo inmediato, el cuerpo tiene que decidir si sustrae a uno de sus miembros del brazo judicial. Si así lo hace, la decisión tendría que estar bien fundada para evitar suspicacias. Cabe la posibilidad de que las denuncias sean falsas. En tal caso, parece lo más adecuado facilitar la acción judicial para que se dilucide cada caso con la mayor celeridad. Las inmunidades parlamentarias existen para preservar a los legisladores en el ejercicio de sus funciones, lo que equivale a decir que protegen a los propios organismos parlamentarios. Pero los organismos parlamentarios deben también preservarse a sí mismos, sin dar espacio a maniobras de quienes pretendan calificarlos como aguantaderos.  

 

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