sábado 28 de enero de 2023

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EDITORIAL

La credibilidad por el piso

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Por Redacción El Ancasti

El bajísimo nivel de credibilidad que tiene el Poder Judicial constituye un dato de extrema preocupación para la democracia argentina. La confianza ciudadana hacia la Justicia nunca fue demasiado alta, como tampoco lo es respecto de los otros poderes y de la mayoría de las instituciones, pero el último informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) entrega conclusiones que son lapidarias.

La medición, realizada durante el último trimestre del año pasado, indica que la credibilidad en el Poder Judicial de la Nación es apenas del 11,7% de la población, 8 puntos porcentuales menos que en 2015 y 10 menos que en 2010, cuando la UCA comenzó a realizar este tipo de mediciones.
Los otros poderes no están mucho mejor: el Poder Ejecutivo tiene una confianza del 25,6% y el Congreso de la Nación (Poder Legislativo) del 16,3%. Adviértase que al mejor de los tres poderes exhibe de todas maneras registros bajísimos: solo uno de cada cuatro ciudadanos confía en el Ejecutivo nacional. 

Las conclusiones del estudio no arrojan demasiadas pistas respecto de cuáles son las razones por las que la inmensa mayoría de los argentinos tiene una baja credibilidad respecto de jueces y fiscales. Las interpretaciones, en todo caso, parten del sentido común: no cumplen con la función que la sociedad les asignó, y el servicio de justicia no es bueno.

Algunos lo atribuyen a lo poco que hace para enviar políticos corruptos a la cárcel. Otros consideran que el Poder Judicial habilita una puerta giratoria por el que entran y salen rápidamente de las cárceles quienes delinquen. Hay quienes se exasperan por la demora en tramitar las causas. Y finalmente también están los que interpretan que el Poder Judicial es excesivamente permeable a la lógica de los tiempos políticos.
De hecho, respecto de este último aspecto, el informe de la UCA observa que la abrupta caída de la confianza en la Justicia nacional se da en momentos en que existe “un creciente cuestionamiento al rol de la Justicia y la posible influencia de los intereses políticos de turno”.

Los datos del estudio son coincidentes con los obtenidos por otro realizado por la consultora Taquín y dado a conocer en septiembre del año pasado. Según este trabajo, el 70% de los encuestados cree que la Justicia es la institución más corrupta, seguida por la policía (que colabora en la investigación de los delitos) y el Congreso de la Nación. 

Los defectos que la población le atribuye la población a la Justicia enumerados precedentemente son todos posibles de corroborar, lo cual no significa que no haya funcionarios y empleados de los tribunales federales que desarrollen su trabajo con responsabilidad y compromiso.

Mientras empiezan a debatirse reformas de fondo en el funcionamiento del Poder Judicial, bueno sería también que haya, dentro de la propia Justicia, una autocrítica que permita mejorar su performance, y que al mismo tiempo, con las normas ya existentes, se investigue y se sancione a los jueces y fiscales que no cumplen con sus funciones, pero no en base a criterios contaminados por la influencia de la política, sino basados en lo que marca el derecho, como debe ser.

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