jueves 28 de marzo de 2024
EDITORIAL

Respuestas inquietantes

Por Redacción El Ancasti

El consumo adictivo de drogas o alcohol constituye claramente un problema social. En tanto afecta a amplios sectores de la sociedad, en particular a algunos de extrema vulnerabilidad, es también un tema que le compete a la salud pública.

No obstante, por su fuerte incumbencia colectiva y su incidencia comunitaria, pocas veces se explora en su verdadera magnitud las graves secuelas que deja en el entorno inmediato, en las personas que se encuentran en contacto con el adicto, que deben lidiar con el problema a veces en soledad y sin las herramientas adecuadas.

Ayer El Ancasti dio cuenta de un grave caso de violencia intrafamiliar ocurrido en San Fernando del Valle de Catamarca causado por un hombre alcohólico que agredió a su propio padre, un anciano de 80 años que, en medio de la impotencia lógica de la situación, debió denunciarlo en la Unidad Judicial 1.
Al parecer, el hombre mayor fue objeto de insultos y castigo físico por parte de su hijo, presa del descontrol al que lo somete el consumo abusivo de alcohol. 

Unos días antes, tomó estado público un caso de la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, cuyas víctimas en este caso son una joven que hace diez años es adicta a la cocaína y su madre, que ha visto paulatinamente agotarse los recursos para salvar a su hija del calvario en que se ha convertido su vida.

La noticia fue que la mujer decidió, en un acto extremo de desesperación, atar a su hija con sábanas a la cama para que no escapase, como lo hace siempre, a los efectos de consumir la droga que está matándola lentamente. Pero además registró en un video ese momento y lo difundió públicamente para alertar al resto de la sociedad respecto del problema en el que ambas están sumergidas.

Si bien legítimamente pueden cuestionarse ambas decisiones –la de atar a la joven y la de exponerla públicamente a través de un video- lo que emerge de esta situación dramática es la tremenda desesperación que embarga a una madre que carece ya de herramientas para ayudar a su hija adicta. 

Lo que la mujer pretende es internar a la joven, lograr que el Estado le brinde esos recursos de los que carece para recuperar al ser querido. Lo que la joven quiere es morirse, según lo ha señalado al momento de negarse a la posibilidad de ser atendida en un centro especializado.

La joven adicta, al igual que el hombre que agredió a su padre anciano en nuestra ciudad, son personas agresivas, intolerantes y no aptas para vivir en comunidad si no son tratados adecuadamente. De allí lo señalado al comienzo de la columna: el carácter social del problema, la incumbencia de la salud pública en la resolución de estos conflictos. 

El interrogante es si el Estado posee las herramientas adecuadas y suficientes para el abordaje de esos casos. Si además ha logrado diseñar protocolos eficaces para tomar conocimiento expeditivamente de estas situaciones extremas y ofrecer una salida a las víctimas.
Las respuestas, en virtud de los ejemplos que se observan a diario, son por demás inquietantes.

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