Durante su reciente presentación ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda del Congreso de la Nación, el ministro de Finanzas Luis Caputo, entre muchas otras consideraciones, señaló que “tener una firma offshore no es un delito”.
Algo similar dijeron el propio presidente Mauricio Macri y otros renombrados miembros de sus gabinete, como los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Energía, Juan José Aranguren, éstos dos últimos apelando a una variante: “no es delito tener dinero afuera”, palabras más, palabras menos.
Efectivamente, tener una firma en un paraíso fiscal o en un banco extranjero no es delito, al menos no todavía, hasta que se sancionen nuevas leyes o se modifiquen otras, pero sí cuestionable éticamente. En el caso de las offshore, porque por lo general sirven para eludir el pago de impuestos o como guarida de dinero negro, obtenido a través de actividades ilícitas, pues como el mundo de los paraísos fiscales está blindado para el acceso por vías convencionales a la información allí contenida, es prácticamente imposible establecer el origen del dinero.
Si bien tener una offshore no es un delito, sí lo es ocultarlo en su declaración jurada. Es lo que investiga la Justicia en lo que respecta al ministro Caputo.
Sobre los funcionarios que tienen grandes sumas de dinero en bancos extranjeros -son varios los que integran el actual gabinete nacional en esas condiciones- es necesario resaltar que las entidades donde depositan sus ahorros no tienen la opacidad de las de los paraísos fiscales. De todos modos, como bien se ha venido remarcando, resulta contradictorio que los integrantes de la primera plana del gobierno no confíen en la marcha de la economía del país y por eso prefieran tener su dinero a resguardo fronteras afuera. Se trata de una pésima señal, tanto hacia adentro del país como hacia los inversores externos a los que se intenta seducir para que traigan sus capitales.
En el caso de Dujovne, esta semana se conoció públicamente que unos meses antes de ser nombrado ministro blanqueó millones de pesos. La investigación periodística lo acusa directamente de que el dinero que blanqueó proviene de maniobras de evasión financiera, lo que también constituye delito, si es que puede probarse.
Al provenir muchos de los funcionarios del gobierno de Cambiemos del mundo empresario, es posible detectar conflictos de intereses. Esto es, decisiones de funcionarios que, directa o indirectamente, favorecen a las empresas a las que pertenecen o pertenecieron en algún momento. El límite entre la legalidad o la ilegalidad es, también aquí, muy difuso.
Así como la Justicia tiene el deber de investigar en cuáles de estas situaciones los funcionarios incurren en actos ilícitos, también es preciso que quienes ostentan cargos gubernamentales importantes comprendan que además de las objeciones legales, hay reparos éticos y morales que deben contemplar.
