viernes 29 de marzo de 2024
Cara y Cruz

Cliente muerto no paga

Hace poco más de una semana, centenares de embargos aplicados...

Por Redacción El Ancasti

Hace poco más de una semana, centenares de embargos aplicados sobre cuentas de comerciantes catamarqueños precipitaron una controversia con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) local. Las autoridades del organismo explicaron a los representantes de la Unión Comercial que todos los embargos o intimaciones de pago se habían operado de acuerdo al marco legal vigente y obedecían a deudas fiscales comprobables. Varios de los afectados por la disposición, sin embargo, consideraban que se había tratado de un abuso por diferentes motivos. Algunos aseguraban que estaban tramitando el pago de sus compromisos, otros que ya estaban pagando la deuda que se les reclamaba, unos terceros que la insignificancia de los montos involucrados no justificaba medida tan molesta como un embargo. Tras la intervención de la Unión Comercial, la controversia no pasó a mayores. Es oportuna de todos modos para insistir en la sugerencia de que la AFIP evalúe la posibilidad de introducir cambios en sus métodos, no para favorecer morosos, cosa que sería absurdo requerir, sino para aceitar el vínculo con los contribuyentes y hacerlo más amigable.

 

No es la primera vez que hay polémicas por el modo en que la AFIP se mueve. En el organismo enfatizan que el accionar fiscal se ajusta a las leyes. Pero no se trata del apego o no a la letra de la ley. Lo que se objeta es más bien la aplicación indiscriminada de sanciones o presiones, al margen de las características y el historial del contribuyente. Lo que precipitó las quejas en el último conflicto no fueron las deudas en sí, sino lo sorpresivo de los embargos y su masividad. Deben considerarse los problemas que al contribuyente le generan los embargos, principalmente porque al trabarles la operatoria bancaria impactan en su cadena de pagos. Se dirá que este es lo que quiere conseguir la AFIP en pos de forzar la regularización de los tributos adeudados, pero tal argumento tiene que contrapesarse con la sensatez. Muchas veces las deudas son, como se ha dicho, insignificantes y su regularización podría gestionarse de manera menos controvertida. También ocurre que la deuda exigida obedece menos a la falta de voluntad de pago del contribuyente que a algún inconveniente coyuntural, muy puntual. En definitiva, lo razonable sería que la AFIP analice las características de cada caso antes de proceder a ejecuciones que, en definitiva, terminan extendiendo los trámites burocráticos en perjuicio del que tributa, pero también de la propia institución. 


Por supuesto, no puede la AFIP renunciar a sus misiones ni a su fin recaudatorio, pero una cosa es recaudar y otra muy distinta es el acoso a los contribuyentes a cara de perro. Los mastines deberían soltarse cuando la situación lo amerite, no en todos los casos. Sería cuestión de un cambio de actitud para colaborar con quienes puedan tener un problema circunstancial y no como pasa, que se aprovecha cualquier resquicio para avanzar con ejecuciones. En este sentido, la constatación de que a muchos de los que están en situación irregular no se les persigue ni se les exige provoca una irritación no menor entre quienes tratan de mantenerse al día con grandes esfuerzos. No sería ocioso que los funcionarios del organismo adoptaran como lema el título de la película “Cliente muerto no paga”. Una política amigable hacia los contribuyentes tal vez arroje resultados más rentables que el uso preferencial del chicote. 

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