EDITORIAL

Un problema aún sin solución

viernes, 07 de diciembre de 2018 · 04:00

La disputa desatada en estos días entre la Justicia y las autoridades del área de Salud Mental de la provincia es apenas la punta del iceberg de un grave problema irresuelto que atraviesa los sistemas judicial y sanitario argentino. Un problema que podría resumirse en la pregunta “¿qué hacer con el delincuente declarado inimputable por un problema de salud mental?” para la cual no hay todavía una respuesta adecuada.

La polémica catamarqueña involucra a dos personas con problemas psiquiátricos que han cometido delitos graves. Uno estuvo acusado de haber participado de un crimen y el otro de efectuar disparos de armas de fuego al vehículo de un fiscal federal.

Por la patología que padecen no pueden ser alojados en cárceles comunes junto a otros presos, pero tampoco pueden ser internados como paciente crónico en un neuropsiquiátrico porque ni las internaciones prolongadas, y mucho menos las permanentes, son avaladas por la Ley de Salud Mental vigente, que data de 2010. En el caso de Catamarca la internación es imposible, además, porque no posee un instituto de esas características que dependa del Estado.

La no institucionalización crónica de los enfermos psiquiátricos tiene sus fundamentos. Entienden los expertos que el encierro prolongado y el aislamiento provocan una agudización de la patología, y que lo más adecuado es que puedan resocializarse rápidamente y tener la contención de sus afectos. Pero esta estrategia no se aplica a las personas con problemas de salud mental que han cometido delitos y que pueden ser caracterizadas, siempre según diagnósticos médicos precisos, como peligrosas para sí mismas o para otras personas.

En el medio del debate aparecen algunos prejuicios sociales. Por ejemplo, el que asegura que la declaración de inimputabilidad, prevista en el artículo 34 del Código Penal (CP), de una persona que ha cometido un delito implica una suerte de impunidad, porque el delincuente “se salva” de ir a la cárcel.

Sin embargo, las estadísticas consignan que, si no hay modificaciones en la legislación, en la mayoría de los casos el inimputable recibe un castigo más severo que el que recibiría si no lo fuera. Es que el que comete un delito es condenado a permanecer en la cárcel por un período determinado, el que establezca la ley. En cambio, el delincuente que padece una patología mental suele estar recluido más tiempo que el de la condena según el CP. Esto porque la internación finaliza cuando un examen de peritos determina que ha “desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás”. En el caso de las personas de escasos recursos o sin acompañamiento familiar, ese momento difícilmente llegue.

Por más buena voluntad que pongan los jueces o los funcionarios del área de Salud Mental, los vacíos legales y la ausencia de infraestructura adecuada son un obstáculo insalvable para resolver la problemática.

El delincuente con una patología psiquiátrica no tiene lugar en el actual esquema, y eso es un problema para la sociedad, pero también para la persona enferma.

Otras Noticias