CARA Y CRUZ

Otro fracaso en la cadena

miércoles, 05 de diciembre de 2018 · 04:05

Se eslabona a una larga y pesada cadena de frustraciones el colapso del “call center” habilitado en enero por la firma AP Group, con grandes alharacas y la participación en los actos inaugurales de autoridades de la Provincia y el municipio capitalino. 
Tras dos meses sin cobrar y el aguinaldo todavía en veremos, ayunos de respuestas de parte de empresarios, que se borraron, los empleados se presentaron en Inspección Laboral para hacer el reclamo. 
Extraoficialmente les habían dicho que el retraso salarial obedecía a que el Ministerio de Producción no le había depositado a la firma el dinero necesario para los sueldos. 
Es decir que el “call center” se instaló en Catamarca bajo la misma lógica que las SAPEM: sin ningún análisis de las proyecciones de rentabilidad que podría tener en un mercado como Catamarca, con la presunción de que el erario es un barril sin fondo en condiciones de solventar déficits hasta el infinito. 


La teoría desplegada por los ideólogos de este mecanismo era que finalmente las SAPEM –PRODUCAT es el ejemplo más nítido en este sentido- llegarían a autosustentarse con recursos propios, de modo que la inversión pública inicial se justificaba porque se estaban generando puestos de trabajo por fuera de la estructura estatal. 
El fracaso fue en toda la línea: a seis años de los anuncios, el Estado sigue desembolsando millonadas para que estas estructuras, que incluyen el funcionariato, cubran sus gastos corrientes. O sea: el empleo sigue siendo estatal, pero precarizado.


Sin embargo, este caso del “call center” tiene una diferencia no menor con las SAPEM: es un grupo privado el que deserta en cuanto el Estado deja de ponerle para los sueldos, cuando no ha transcurrido ni un año de la apertura del proyecto. En el marco de un programa, el Ministerio de Producción debía cubrir el 75% del costo laboral de la firma. Qué fácil había resultado ser empresario para cierta gente: instalarse con una enorme parte de los gastos cubierta y disparar a la primera de cambio dejándole el muerto a la administración pública, que financia aventureros mientras deja a los empresarios genuinos a la intemperie.


Lo del “call center” venía ladeado desde un principio. 
En 2014, el Gobierno tuvo que desistir del convenio que había firmado con la empresa Task Solutions para instalar uno a raíz del escándalo que se desató cuando se conocieron los detalles. 
Se había establecido un subsidio estatal escalonado y creciente de los salarios de los empleados del centro de servicios telefónicos, trabajos de acondicionamiento a cargo del Ministerio de Obras Públicas y el pago del alquiler del local por parte de la Municipalidad. El acuerdo se había celebrado entre la Subsecretaría de Promoción de Inversiones y Task Solutions sin la intervención de los organismos públicos que debían pronunciarse acerca de su conveniencia y legalidad: no había en el expediente dictámenes de la Asesoría General de Gobierno ni de la Contaduría. No obstante estas deficiencias, el Ministerio de Obras Públicas avanzó con trabajos en un galpón que dieron origen a una denuncia penal por parte de la oposición.


La porfía de algunos funcionarios y operadores es digna de mejores causas. No se resignaron a la caída del primer “call center” y se pusieron en campaña para instalar otro, con una empresa distinta. 
El resultado del empecinamiento está a la vista: los celebrados inversores de enero se mandan a mudar y la gente perjudicada va a golpear las puertas de Casa de Gobierno para que se hagan cargo. Merecido lo tienen. En el pecado, la penitencia.n
 

Otras Noticias