CARA Y CRUZ

Antiplus, a la Justicia

martes, 04 de diciembre de 2018 · 04:07

Lo que la política y la corporación médica no consiguieron resolver por su cuenta, quedará una vez más, como último recurso, en manos de la Justicia provincial. En efecto, los diputados provinciales del FCS-Cambiemos Juana Fernández, Víctor Luna, Paola Bazán y María Teresita Colombo presentaron ayer un recurso de amparo en la Corte de Justicia por el cual piden que se dicte como medida cautelar la suspensión de los efectos de la denominada Ley Antiplus, por la cual se prohíbe el cobro de un arancel diferenciado a los afiliados de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) y además abre la puerta a las contrataciones directas de profesionales particulares, sanatorios y clínicas que garanticen no alterar las reglas de juego. Es decir, que respeten los convenios con OSEP y no exijan plus a sus afiliados. 
La aprobación del proyecto de ley, hace poco menos de un mes, se mantuvo fiel a la misma línea de escándalos legislativos que vienen regalando los diputados a la ciudadanía desde tiempos inmemoriales, aunque, hay que reconocerlo, en los últimos meses han hecho esfuerzos notorios para ganar más protagonismo
Como la oposición se retiró de la sesión en disconformidad con el tratamiento urgente del proyecto, el oficialismo consiguió aprobarlo gracias a que el presidente del cuerpo, Fernando Jalil, bajó a su banca y votó como un diputado más: 24 manos arriba, las justas y necesarias para dar curso a la iniciativa. Lo que quedó en duda era la validez del voto del presidente, ya que solo debería darse en un caso de empate. En el amparo, los diputados radicales cuestionan que tal procedimiento fue “ilegítimo, nulo e inconstitucional”.


La ley, que nació al calor de las marchas, paros y esos inconfundibles tonos extorsivos del líder de los municipales, Walter Arévalo, redunda en la prohibición del plus médico –que de por sí es ilegal- y ratifica la vigencia de los actuales convenios con las entidades profesionales de la salud. Pero lo más significativo es que inaugura un nuevo escenario: la posibilidad de convertir a la OSEP en una suerte de OSDE estatal, es decir, con una cartilla propia de prestadores particulares, sean profesionales individuales o empresas privadas de salud.
Así lo expresa en dos tramos de su texto. El artículo 1º indica que la ley “regirá las contrataciones para la prestación de servicios a los beneficiarios de OSEP que ésta realice con las entidades que representan a los prestadores de servicios y aquellas contrataciones que OSEP realice de forma directa con los prestadores de servicios en los supuestos en que no existan entidades que los representen o los prestadores de servicios no tengan convenio con estas”.
Mientras que el artículo 7º, que puntualmente se refiere a las sanciones que caben por el cobro del plus médico, faculta a OSEP a “disponer la rescisión del convenio celebrado con la entidad que representa a los prestadores, por incumplimiento reiterado”; a “habilitar o poner en funcionamiento el registro individual de prestadores celebrando convenios individuamente con cada uno de ellos” y finalmente a “contratar con otras entidades o establecimientos sanitario-asistenciales que ofrezcan la prestación de servicios de salud y cuenten con profesionales idóneos al afecto”.  


Fueron estas prerrogativas las que desataron la furia de diversas entidades de especialistas y de grupos de profesionales del interior y Capital, algunas de las cuales, como los médicos de Tinogasta, no dudaron en “repudiar” la actitud de los legisladores y sus “cómplices sindicales” que posibilitaron esta reconversión de la obra social provincial en perjuicio de los profesionales y prestadores de salud en Catamarca. 
Porque, en definitiva, que el día de mañana OSEP pueda contratar directamente profesionales, al igual que determinados sanatorios o clínicas, con un sistema de “cápita” –como hace PAMI, por ejemplo- y no por prestaciones, implicaría dejar afuera a una porción importante de médicos y empresarios que hoy deben parte importante de sus ingresos a la obra social provincial. Y limitar la elección del afiliado al padrón autorizado. Habrá que ver cómo analiza esto la Justicia.n

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