EDITORIAL

El jamón del sandwich

jueves, 08 de noviembre de 2018 · 04:00

El sector privado quedó nuevamente en el medio de la pulseada entre el Gobierno nacional y la CGT, esta vez por el pago de un bono de $5.000 a fin de año, el cual según el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, será obligatorio para las empresas y no para el sector público.

Para el funcionario, el Estado quedará exceptuado de esta obligación por el hecho de que hasta el momento el sector público “no ha cerrado sus paritarias”, algo que sí ha ocurrido en el universo de los trabajadores privados.

No solo eso. Sica aclaró que el propio Gobierno puso el “límite” de 5.000 pesos en carácter no remunerativo “para que las empresas puedan pagar más”, con lo cual ya lo podrían tomarlo como remunerativo.

Y agregó que como en la de diálogo con la CGT y las empresas “todos ponen algo”, lo que el Estado en este caso resigna es “recaudación con el pago no remunerativo”, como si no fuera suficiente la enorme presión impositiva actual sobre las empresas y los contribuyentes.

En tal sentido, Daniel Funes de Rioja, presidente de la cámara de alimenticias COPAL y uno de los vicepresidentes de la UIA, advirtió que “más del 60% de las empresas no podrán hacer frente al pago de un bono” y pidió buscar la forma de financiarlo. Pero además, agregó el empresario, “la mayoría del empleo en la Argentina es pyme y el acceso al financiamiento está limitado por la tasa de interés”, que es altísima, histórica.

En la misma línea, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, advirtió que existe un “crecimiento desmedido del mercado informal” en la actividad de las pequeñas y medianas empresas, por el “efecto nocivo de las altas tasas de interés y una presión fiscal récord”.

“La falta de financiamiento y la fuerte presión impositiva se conjugaron para llevar a las pymes a una decisión dolorosa: informalizarse”, señaló Rosato.

Con esta imposición, el Gobierno no solo busca mejorar el consumo a fin de año para mitigar la recesión que atraviesa el país, sino un propósito secundario que no confiesa: desarticular el paro general con el que amenaza la central obrera en una fecha a definir.

Uno de los puntos que la CGT rechaza es que el bono, como pretenden algunos empresarios, sea tomado a cuenta de futuros aumentos salariales en las negociaciones paritarias que se abrirán el año próximo.  El Gobierno, por otro lado, omite considerar los reclamos que vienen realizando los propios gremios estatales para quedar dentro de esta bonificación, que se pagaría en dos cuotas, en noviembre y enero. Es obvio, pretende que sea solo el sector privado el que le quite la presión de los sindicatos.

Y si bien es muy probable que el ministro Sica solamente observe la capacidad económica de las grandes empresas instaladas en Buenos Aires para hacer frente al pago del extra de de fin de año, también es igualmente probable que no mire lo que sucede más allá de los límites de esa jurisdicción.

Porque, de hecho, las economías regionales no consiguen salir de su profunda crisis y la mayor parte de las empresas del interior del país son Pymes que se desangran día a día o directamente bajan sus persianas ante la imposibilidad de mantener su actividad.

No puede el Gobierno, en definitiva, exigir que sea solo el sector privado, y más aún el del interior del país, el que continúe asumiendo su rol de jamón del sandwich en la pelea con los sindicatos.

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