CARA Y CRUZ

Doble instancia

jueves, 08 de noviembre de 2018 · 04:03

La doble instancia de negociación a la que se ve obligado el Gobierno para acordar las pautas salariales de la administración pública tiene su origen en litigios intestinos disparados en los albores de la gestión, cuando a algunos protagonistas de las refriegas les pareció conveniente contar con sellos sindicales afines. En ese marco, a la selección por parte de la cartera de Hacienda de la Unidad de Personal Civil de la Nación (UPCN) como organización interlocutora oficial, le correspondió el aliento a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) desde otras parcelas gubernamentales, principalmente el Ministerio de Obras Públicas.

El diseño funcionó armónicamente mientras los padrinos pudieron mantener a los gremios entenados bajo control, pero luego la dinámica sindical cobró autonomía y adquirió la lógica que era de esperar: una disputa cada vez más cruda por sumar afiliados a expensas del rival, que deviene en la competencia a través del endurecimiento de los reclamos.

La reyerta entre UPCN y ATE fue muy notoria en estas últimas negociaciones salariales, en las que se anticipó la cláusula gatillo (ver página 4). Ambos gremios salieron al principio con versiones diferentes sobre el acuerdo, tratando de llevar agua para sus respectivos molinos.

Esta divergencias en la información difundida por cada uno, sin embargo, es anecdótica. Lo medular es el desgaste institucional al que se ve sometido el Ministerio de Hacienda, obligado a encontrar no solo los recursos para otorgar los aumentos, sino también una fórmula que conforme a los dos gremios para evitar polémicas posteriores, que pueden escalar a otros organismos estatales.

En este sentido, es ilustrativo lo ocurrido en Santa María.


ATE anunció que denunciará ante el Ministerio de Trabajo y la Dirección de Inspección Laboral el acuerdo salarial celebrado entre ese municipio y UPCN. Argumenta que es inválido porque se firmó mientras regía una conciliación obligatoria en un conflicto entre ATE y la comuna.

“Pidieron la conciliación obligatoria a ATE para firmar con UPCN por $1000”, cuestionó Iván Sarquís, asesor de ATE. Aseguró que la representación de UPCN es minoritaria entre los municipales santamarianos y que esta organización firmó el acuerdo en nombre de 20 afiliados, mientras que ATE cuenta con casi 700.


ATE ha conseguido afianzarse en alianza con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de la Capital, que comanda Walter Arévalo.

En la trayectoria del jefe del SOEM pueden reconocerse algunos de los elementos que condujeron a la doble instancia de negociación salarial en la Provincia. Accedió a la Secretaría General del gremio apadrinado por el Ejecutivo Municipal, la patronal. Cuando se afirmó en el puesto, en base al poder logrado para paralizar la ciudad, diseñó una estrategia tendiente a expandir su influencia e incorporarse a la conducción de la CGT.

No lo ha conseguido hasta el momento, pero no se resigna y busca el conflicto de modo permanente como método para consolidarse y ganar visibilidad.

La pelea que desarrolla en contra del plus médico, ilegítimo adicional que cobran los profesionales de la medicina por sobre la órdenes de OSEP, se inscribe en tal mecánica: las movilizaciones y provocaciones del líder del SOEM no tienen correlato en planteos judiciales contra concretos contraventores de los convenios entre las corporaciones y la obra social.


En la misma línea, Arévalo del SOEM respalda a su tocayo Ricardo, de ATE, y le da carnadura en la batalla contra UPCN.
El Gobierno, la Legislatura y el Municipio quedaron, de tal modo, rehenes de la interna sindical que alientan facciones promovidas por ellos mismos.

En el pecado, la penitencia.

 

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