jueves 28 de marzo de 2024
CARA Y CRUZ

Hacia un quiebre histórico

Por Redacción El Ancasti

Las víctimas de abusos eclesiásticos tienen hoy una razón para recuperar la esperanza en la Justicia de los hombres. La Cámara de Apelaciones de Catamarca dejó firme el pedido de elevación a juicio del cura Juan de Dios Gutiérrez, acusado de abusar de una adolescente de 16 años en Belén. Luego de varias idas y vueltas leguleyas, la imputación de quedó firme fue la de "abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de ser representante de un culto religioso o no". Una figura penal que prevé una pena de entre 8 y 20 años de prisión.

Si bien la defensa de Gutiérrez podría acudir a la Corte de Justicia para seguir oponiéndose al juicio, su abogado, Guillermo Narváez, decidió no representarlo más, por lo que hasta el momento se estima que el proceso en su contra debería comenzar a principios de 2019. El enjuiciamiento de un sacerdote por abuso sexual constituye un hecho sin precedentes en Catamarca, una provincia de lazos muy arraigados con el dogma católico. 


El otro caso que también se encuentra pendiente de resolución es el del cura Renato Rasguido, ex párroco de Andalgalá, quien fue denunciado por la madre de un adolescente en 2014 –un año antes que Gutiérrez- por varios hechos de abuso sexual que habrían ocurrido tanto en la parroquia de la cabecera departamental como cuando lo acompañaba en sus misiones a otros pueblos del interior.

La situación judicial de Rasguido, sin embargo, está en una etapa previa: aún no se decidió la elevación a juicio, tras varios intentos fallidos en la Justicia andalgalense. Y a diferencia de Gutiérrez, quien fue detenido dos meses después de ser denunciado en Belén, Rasguido siguió en libertad; no solo eso, quedó “recluido” en la sede del Obispado por disposición del jefe de la Iglesia local, Luis Urbanc. 

Más que una señal de castigo, el hecho fue interpretado como un gesto de protección al cura acusado. Urbanc nunca explicó el porqué de tal decisión. Y lo que se sabe acerca de su opinión sobre el tema del abuso eclesiástico es a través de un tercero: Alejandra, madre de la víctima de Gutiérrez, declaró que una vez le planteó su caso a monseñor y este le respondió que no creyera “en la Justicia de los hombres, que él como obispo puede hacer justicia divina y que no recurra a los medios porque hacen teatro”. Los hechos, afortunadamente, han empezado a desmentir las expresiones del obispo. 
Que un sacerdote acusado de un grave atentado contra la integridad sexual de una persona vaya finalmente a juicio y las partes puedan ejercer su derecho a la acusación y a la defensa, como manda la ley, es algo que también debería satisfacer a la Iglesia catamarqueña.

No es con “justicia divina”, como cree el obispo Urbanc, que estas aberraciones pueden ser castigadas y llevar alguna paz a las víctimas y sus familias. Ya quedó demostrado en la provincia de Entre Ríos, donde en mayo pasado la Justicia condenó al cura Justo José Ilarraz a la pena de 25 años de prisión por el abuso sexual de siete seminaristas menores de edad, hechos cometidos en una institución eclesiástica de Paraná.

Pero también debería llevar tranquilidad al sector de la comunidad belicha que apoyó pública y airadamente al cura Gutiérrez en contra de la denuncia de la menor. Porque lo mejor que puede suceder es que se lleve a cabo el proceso judicial y se esclarezca el caso. “La verdad os hará libres”, les dijo Jesús a los judíos que creyeron en él. De conocer la verdad se trata.n

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