La ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, recomendó hace algunos días a los porteños que lo mejor que podían hacer durante los días en que sesionará el G20 en Buenos Aires era irse de la ciudad. Una imagen tan impactante como inverosímil sería la de casi 3 millones de personas abandonando por un par de días la capital de la Argentina.
En realidad, lo que la ministra intentó transmitir es que la severidad del operativo de seguridad que se montará durante el evento será de tal magnitud que a los porteños les convendría, para no tener problemas en la movilidad interna, no pisar la calle.
No tenían nada que ver: liberaron a los jóvenes acusados de pertenecer a Hezbollah
La presencia de los principales líderes del mundo en nuestro país justifica un operativo de seguridad sin precedentes. Sobre todo luego de que la inteligencia británica advirtiera sobre la posibilidad de un atentado terrorista en el país durante la cumbre de los mandatarios de los países más importantes del mundo.
Los operativos de seguridad, en principio, tienen como propósito tanto evitar episodios de violencia terrorista como de violencia relacionada con las protestas sociales que son tradicionales en este tipo de encuentros.
Lo ideal sería que la realización de la cumbre y las protestas sociales pudiesen coexistir sin que tal hecho represente un problema para la seguridad pública. Pero el riesgo de que entre los reclamos se infiltren individuos que tienen como intención generar caos justifica que se extremen las medidas preventivas.
La Justicia y las fuerzas de seguridad, sin embargo, en este clima de sensibilidad, han generado algunos procedimientos que, en teoría orientados a prevenir eventuales atentados terroristas, en la práctica terminan implicando en causas judiciales graves a individuos sobre los que todavía no se sabe con precisión si tienen vinculación alguna con organizaciones de este tipo.
Este es el caso de los hermanos Axel Ezequiel Abraham Salomon, de 25 años, y Kevin Gamal Abraham Salomon, de 23, que fueron sindicados como posibles integrantes de la organización Hezbollah a partir de una denuncia anónima que llegó por correo electrónico. Aunque los jóvenes fueron detenidos por la Justicia en operativos y allanamientos de amplia difusión pública, no hay hasta el momento pruebas concretas de que pertenezcan a esa organización. Los viajes a Medio Oriente que realizaron, según dicen sus familiares, no tuvieron como objetivo capacitarse en las prácticas de esa organización sino para estudiar la religión islámica, y las armas que encontraron en la vivienda de ambos pertenecen a su abuelo, un aficionado a la caza, son legales y tienen en algunos casos casi cien años de antigüedad.
El operativo puede ser un eficaz golpe al terrorismo, tal cual fue presentado con bombos y platillos, o terminar en un papelón. Convendría en estos casos de extrema sensibilidad una mayor prudencia y austeridad informativa, para evitar, si se confirma que lo sucedido se ajusta más a la segunda alternativa, un innecesario desprestigio de los encargados de la seguridad en estos días en los que los ojos del mundo se posan sobre la Argentina.