|| CARA Y CRUZ ||

La construcción del conflicto

jueves, 11 de octubre de 2018 · 04:02

Mora judicial y maniobras clientelares se conjugan para agravar el problema de las usurpaciones. El proceso inicia con el asentamiento ilegal de un par de familias, quizás alentadas por algún puntero, dirigente o funcionario. El organismo de la administración pública pertinente, que se ve venir el conflicto, inicia el procedimiento judicial para el desalojo por lo general de inmediato, pero el expediente se demora meses en el laberinto de tribunales. Alertados de que el trámite está en marcha, los mismos punteros o dirigentes que promovieron la insignificante usurpación originaria aprovechan el tiempo que se toma la Justicia en resolver para orientar nuevas radicaciones ilegales en el mismo predio, mucho más numerosas. El objetivo es instalar en el lugar una masa crítica de gente que, cuando el desalojo se ejecute, presione sobre el Estado por viviendas o terrenos. La maniobra es más manyada que el tango La Cumparsita, pero se opera impunemente bajo la excusa de dar solución a gente sin techo propio. No se circunscribe a la promoción de las usurpaciones. Facciones políticas acaudilladas a veces por funcionarios suministran materiales de construcción para levantar las edificaciones precarias; gestores oficiosos cobran por asignar las parcelas y tramitar hipotéticas concesiones estatales. Sobre la necesidad, se ha montado un negocio lumpen político y económico.

 

El caso de Riberas del Valle, ubicado en el sureste de la Capital, donde ya se ordenó el desalojo, es típico. El trámite para desalojar a unas pocas familias que se habían asentado en esos terrenos públicos se planteó hace ya siete meses. En ese lapso, el asentamiento creció exponencialmente por las expectativas insufladas a los ocupas de que finalmente el Gobierno cederá y, en el peor de los casos, los relocalizará. La molicie judicial abona la maniobra, no exenta de riesgos. Los terrenos ocupados están expuestos a crecientes, a escasos 20 metros de la barranca del río, todo médano. Permitir que el asentamiento se afiance implica asumir peligros muy altos, incluso fatales, sobre los que no hay que irse muy lejos para encontrar precedentes. Para urbanizar el lugar, es preciso levantar el nivel del suelo por lo menos 70 centímetros con material firme, previa construcción de defensas en las orillas del río. En las condiciones actuales, esas tierras no son habitables, pero los vecinos aseguran que no se irán si no les entregan otro lugar para vivir. Una situación similar se da en terrenos públicos linderos al barrio INTA, en Sumalao. La ocupación empezó con cinco familias, la Secretaría de Vivienda denunció en el acto la situación en sede judicial, pero el trámite está en veremos. Mientras, nuevas familias se incorporaron al asentamiento.

 

No se trata de negar a nadie el derecho a la vivienda propia, pero acá se han ido afirmando conductas vinculadas menos a resolver necesidades populares que a lucrar electoral y económicamente. Las maniobras que se desarrollan por afuera de los circuitos oficiales perjudican a quienes se atienen a los trámites regulares para acceder a la asistencia estatal, ya sea en el IPV, la Secretaría de Vivienda o el Ministerio de Desarrollo Social. La experiencia indica que la presión de las ocupaciones inducidas, en las que es arduo determinar la legitimidad de los reclamos, es más eficaz que seguir los pasos burocráticos. Si bien pueden señalarse deficiencias de los organismos públicos, resulta evidente que el problema no se resuelve en su génesis, cuando es más sencillo, debido a las demoras judiciales. Para cuando la Justicia resolvió, dar respuestas es mucho más difícil. Es claro que conflictos como los de Riberas del Valle se construyen. Aparte de los desalojos, tal vez sería conveniente identificar a quienes están detrás de esta perversa arquitectura.

 

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