jueves 28 de marzo de 2024
Cara y Cruz

Podas y consecuencias

Por enésima vez, Catamarca lidera el ranking nacional de incidencia...

Por Redacción El Ancasti

Por enésima vez, Catamarca lidera el ranking nacional de incidencia del empleo público, con 146 agentes a sueldo del Estado por cada mil habitantes, seguida por La Rioja y Jujuy (ver página 2). Los datos fueron publicados en la edición de ayer del diario La Nación, para contextualizar la información sobre políticas que la Casa Rosada se dispone a implementar con el propósito de reducir los planteles de empleados públicos, cuyos excedentes, dicen, agobian presupuestos y contribuyen al déficit fiscal. La Presidencia se compromete a financiar programas de jubilación anticipada o retiros voluntarios en las provincias y garantiza respaldo a las administraciones que se ajusten a determinadas pautas de responsabilidad fiscal. El desmesurado crecimiento del empleo público en Catamarca no es misterio para nadie. Los años dorados de la renta minera financiaron un desenfreno designatorio que amenguó, sin detenerse, al ritmo de la restricción de los recursos para sostenerlo. Según la estadística proporcionada por La Nación, el aumento entre 2003 y 2015 fue del 88%. Como no se generaron fuentes de trabajo genuinas alternativas, y por el contrario en los últimos años cayeron muchas de las que había, el puesto público se consolidó como meta existencial del catamarqueño medio. Este proceso de orden cultural se alimentó desde el propio sector público, cuyos administradores, independientemente de la filiación política, usaron los fondos estatales a destajo  con fines clientelares. Que el aumento del número de empleados legislativos haya sido más de diez veces superior a los de los poderes Ejecutivo y Judicial es fuerte indicio en este sentido.

 


Sin embargo, y sin que signifique avalar despropósitos y “ñoquis”, tampoco puede desconocerse que la fragilidad del sector privado catamarqueño configura un obstáculo de tremenda magnitud para cortar la inercia ascendente de designaciones en el Estado. No hay oferta laboral significativa por fuera de la estructura estatal, de modo que el Estado absorbe parte de los que serían desocupados y el sueldo público deviene de este modo en subsidio al desempleo. Rankings al margen, Catamarca no es una excepción. Sobre todo en las provincias del interior ajenas a la Pampa Húmeda, el puesto público cumple funciones similares.

 


No es tampoco la primera vez, y seguramente no será la última, que desde el poder nacional se promueve la reducción del empleo público en las provincias. Pero estas propuestas, que se postulan como imprescindibles para lograr la salud fiscal, jamás son acompañadas con programas tendientes a establecer condiciones para el desarrollo de la producción y la actividad en los distritos conminados a las podas, lo cual lleva a un escollo que demandaría un costo social inmenso para ser salvado: reducir las plantas de estatales implica condenar a miles de personas y familias al desempleo. Que se jodan, así lo demanda el sacrosanto equilibrio fiscal, dirá alguno, sin tener en cuenta que no solo han de embromarse los desgraciados arrojados a la intemperie. ¿Cuántos empleados públicos menos serían necesarios para acomodar las cargas fiscales catuchas? Debe considerarse que esos empleados públicos de menos son también sueldos, por tanto dinero, que dejaría de circular en el mercado catamarqueño: menos para el almacén, menos para la ferretería, menos para el esparcimiento, menos para alquileres, menos para el turismo interno, menos, menos, menos… Así que no solo se joderían los que se queden sin el puestito público, sino también quienes viven de proporcionar a quienes se quedan sin el puestito lo que consumen. ¿Cuánto de la economía catamarqueña se mueve por los sueldos de los empleados públicos? ¿Qué impacto sobre el movimiento económico local tendría la eliminación de, por ejemplo, mil sueldos públicos? Es una pregunta interesante para hacerse… y para hacerle a quienes apuran reducciones de planteles estatales sin propuestas simultáneas para activar las economías provincianas.

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