El pedido de eliminación del tope de $650 millones en el Fondo del Conurbano bonaerense que hizo la gobernadora María Eugenia Vidal se coló en forma imprevista en la campaña electoral rumbo a las PASO y seguramente también a octubre. Se trata de un tema fuerte desde lo político, porque impacta de lleno en las finanzas de las provincias y, por lo tanto, compromete a los gobernantes y representantes legislativos. Pero a la vez introduce, forzosamente, una división de aguas entre oficialistas y opositores. Es decir, en este caso, entre quienes están a favor de los intereses de Catamarca y quienes están obligados a defender las políticas del Gobierno nacional y de sus máximos exponentes. La gobernadora Vidal es, en rigor, un delfín del presidente Mauricio Macri y una de las principales cartas de triunfo de la alianza Cambiemos. La semana pasada, los mandatarios de 14 provincias, entre los que se encontraba Lucía Corpacci, cerraron filas en rechazo a una eventual poda de sus recursos en caso de que la Corte Suprema de Justicia le dé la razón a Vidal y elimine el tope, lo que implicaría, tal como prevé la ley, restar fondos a las provincias a favor de Buenos Aires.
La historia del Fondo del Conurbano es relativamente reciente. En 1992 se aprobó la Ley 24.073, por la cual se decidió alimentarlo con el 10% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias. Estos recursos estaban destinados a reparar el déficit entre el aumento de la población del Gran Buenos Aires (que en 2010 representaba un 25% de la población total del país) y sus ingresos fiscales cada más insuficientes. Sin embargo, en 1996 se aprobó un tope nominal de $650 millones para el Fondo a través de la Ley 24.621. El excedente de recursos sobre tal tope debía ser repartido entre las demás provincias, según los coeficientes de distribución secundaria de la Coparticipación. En 2003 comenzó un proceso inflacionario que licuó el límite máximo nominal de $650 millones por año recibido por Buenos Aires. Si se restituyera el 10%, la provincia gobernada por Vidal debería embolsar hoy más de 53.000 millones de pesos. Algunos gobernadores dijeron estar de acuerdo con que esa provincia es la que menos recursos recibe por ese fondo, pero al mismo tiempo se niegan a resignar un peso de sus ingresos. “Que al dinero que le falta a la provincia de Buenos Aires lo ponga la Nación”, propuso el jefe de Estado pampeano, Carlos Verna. Sería la salida para evitar un cisma federal sin precedentes.
Por eso, la pelea por los recursos interpela a los aspirantes al Congreso nacional. Por un lado, le vino como anillo al dedo al ministro de Gobierno y precandidato a diputado nacional por el oficialismo, Gustavo Saadi, quien advirtió que si la gobernadora Vidal consigue su cometido, Catamarca podría perder $1.800 millones al año. “Me voy a oponer a la devolución del Fondo del Conurbano bonaerense”, sostuvo a modo de compromiso electoral. En cambio, el tema es incómodo para la alianza FCS-Cambiemos, que no puede oponerse a la pretensión de Vidal, pero menos aún alentar cualquier medida que pudiera afectar los ingresos de Catamarca. De hecho, el diputado nacional y precandidato a la reelección por la lista “Cambiando Juntos”, Eduardo Brizuela del Moral, ni siquiera se ha pronunciado sobre el asunto. Ponerse en una vereda u otra puede significar para él un verdadero dilema. Sin embargo, su oponente en la interna opositora, el médico Roberto Gómez, de la lista “Juntos por el Cambio”, le encontró la vuelta a la cuestión, quizás porque su postulación no recibió la bendición de Macri. Dijo Gómez: “No voy a hacer nada que afecte a mi provincia. Si no estoy de acuerdo en algo, no lo voy a apoyar por más que venga del Gobierno nacional”.
