Es posible que las explicaciones ensayadas por el delegado local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Carlos Martínez, sean ciertas, pero la intención proselitista, que convierte la asistencia social en dádiva, se hizo ostensible cuando dirigentes y candidatos del sector que orienta el ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral, diputado nacional y precandidato a la reelección, difundieron a través de las redes sociales imágenes en las que posaban entregando artículos tradicionalmente utilizados para intentar sobornar voluntades cívicas. Igual que hace la denostada “vieja política”, que el discurso electoral de “Cambiemos” encarna en el kirchnerismo.
Ya resultaba sugestivo que un convoy de 13 camiones de Desarrollo Social cargados de materiales de construcción, camas, colchones, electrodomésticos y otros elementos destinados al asistencialismo ingresara en Belén a dos semanas de las PASO. Expediciones de menor envergadura, aunque igualmente llamativas, fueron detectadas y registradas en Pomán, El Alto y la Capital.
Cuando el desembarco tomó estado público, al galope por las redes sociales, Martínez explicó: “Esto no es asistencialismo ni una dádiva. Es un programa de asistencia urgente que tiene el Ministerio. Tiene un circuito de compra, un circuito de contratación, cada cosa tiene un beneficiario y un DNI”. La distribución se organizó en base a relevamientos realizados el año pasado y no tiene relación con la campaña, garantizó. Lo que hagan dirigentes y candidatos, concluyó, es cuestión de ellos: “Nosotros entregamos, que después aparezca algún actor en la fotografía es algo que no lo podemos evitar".
Retroceso
Cuánto candor, señalará algún malintencionado que nunca falta. Pero no hay por qué desmerecer los esfuerzos burocráticos de Desarrollo Social de la Nación. Si Martínez asegura haber quedado en “off side” debido a la propensión clientelar de dirigentes macristas formateados en la cultura electoral catucha de los bolsones, así nomás ha de ser. Acaso debiera considerar que los operadores más duchos de “Cambiemos” provienen del sector que parió el “negocio del hambre” con las compras directas en el área de acción social y derrochó la renta minera en electoralismo.
Sin embargo, todavía quedan rollos en el lazo. Admitida la emboscada de la “vieja política” -ha de convenirse que ya es mucho admitir- ¿por qué se decidió suspender la asistencia social tan regularmente establecida hasta que concluya la campaña?
“Lamento por aquellas personas que están pasando necesidades y que les habíamos avisado que íbamos a llegar a su domicilio ahora tendrán que esperar un tiempo más para que esas cosas les lleguen", dijo Martínez.
¿Por qué lamentarse? Si las entregas eran legítimas, correspondían al margen de las consideraciones e interpretaciones de los adversarios políticos y de los avatares de la campaña.
Cierto es que la decisión de suspender la asistencia social fue tomada a nivel nacional, pero en cualquier caso proporciona materia para conclusiones que exponen las deficiencias de las políticas de acción social del macrismo.
Entregando o no entregando, el factor determinante es la presunción sobre el impacto en el electorado, quizás cuantificado en algún “focus group”. Si es entregando, por los votos que podrían adquirirse con la compra de conciencias; si es renunciando a entregar, por el efecto benéfico que la renuncia a las prácticas clientelares provocaría en las buenas conciencias.
Tales serían, conforme al desenlace del incidente catamarqueño, los criterios rectores de la política social aplicada por la Casa Rosada. Ninguno tiene en cuenta la situación ni la opinión de los pobres.
Sistemático
Ya se ha dicho que la reacción de los macristas locales frente al pequeño escándalo de las dádivas fue la del pecador pillado en falta: predicadores de la castidad sorprendidos en el lupanar.
No hay que ser excesivamente severos. Es comprensible que se abandonen al libertinaje en un país con más del tercio de su población inmersa en la pobreza. Pecado venial, con la salvedad de la hipocresía, también transversal: todos objetan el clientelismo ajeno, aunque no se priven de ejercitarlo a la primera oportunidad que se les aparece.
Pero la suspensión de la asistencia social de ahora está en línea con una conducta recurrente del macrismo en particular. Se trata de un rasgo de identidad cuya nitidez exime de trabajosos análisis ideológicos, aunque podría ser síntoma tanto de convicciones livianas como de improvisación.
No es la primera vez que la Casa Rosada recula ante la primera reacción adversa a sus decisiones.
Desarrollo Social ofrece el ejemplo más cercano. La revisión de pensiones a no contributivas a discapacitados, que crecieron de modo desmesurado en la década kirchnerista sin catástrofes o guerras que lo justificaran, fue interrumpida por reclamos sobre los que la oposición se enancó sin mayores escrúpulos.
Esta respuesta del organismo no abría demasiadas alternativas a la interpretación: o la revisión obedecía a la intención de reducir costos y se aplicó chapuceramente, y la oposición tenía razón, o la administración de Desarrollo Social carecía de carácter para sostener una disposición tendiente a limpiar el sistema de asistencia social de aprovechadores.
Lo mismo puede decirse de lo que hizo ahora.
Si la asistencia es legítima, lo que corresponde es ejecutarla, independientemente de los escarceos electorales. Levantarla implica que no era legítima, o que la gestión de Desarrollo Social subordina las necesidades de los sectores postergados a sus estrategias electorales, es decir: a sus objetivos facciosos.
Cualquiera sea el caso, el Estado continúa siendo instrumento electoral de un sector político, por mucho maquillaje que se le eche encima.
