Donde esté, Antonio “Gato” Córdoba ha de reírse por no llorar al ver el grotesco institucional en el que han sumido a la municipalidad de Ancasti los aspirantes a sucederlo en la Intendencia. La riña por el sillón que dejó vacante al morirse arrastrado por la correntada mientras pescaba en el río Dulce enderezan ya para los seis meses. Que Gobierno y oposición no consigan ponerse de acuerdo sobre el procedimiento adecuado para definir quién administrará durante medio mandato un distrito de 1.600 electores es una penosa muestra del nivel de una dirigencia catamarqueña que delega en el Poder Judicial la resolución de un problema eminentemente político. El cuerpo de Córdoba no había terminado de enfriarse cuando se desató el aquelarre. El presidente del Concejo Deliberante ancasteño, Rodolfo Santillán, convocó al cuerpo para hacerse designar, maniobra que precipitó la reacción del Gobierno, que organizó una pueblada para impedirlo.
Se sucedieron luego cabildeos que incluyeron, luego de que el Gobierno se allanara a admitir que Santillán fuera intendente interino, hasta discusiones sobre la fecha en que debía hacerse el corte del padrón a utilizarse en el comicio, pues el peronismo postula la hija de Córdoba, que no estaba entre los electores hasta enero, y al FCS le parecía adversaria inconveniente. La discusión se extendió tanto que resultó imposible celebrar la elección en la fecha consensuada del 4 de junio. No se hizo tampoco con las PASO del 13 agosto, y ahora resulta que tampoco puede hacerse el 22 de octubre, junto con la elección general, porque los candidatos, que son el interino Santillán y la hija de Córdoba, no han cumplido con el trámite de las PASO al que obliga la legislación electoral provincial. La cuestión es que ahí sigue Ancasti con un intendente interino al que algunas voces del peronismo ya adjetivan como usurpador, envuelto en una controversia que a muy poca gente interesa. Mientras, Santillán ya le metió pases a planta permanente y designaciones, sin privarse de pedirle fondos al Gobierno para no entrar en cesación de pagos. Un desgaste institucional absurdo originado en las zancadillas mutuas que se prodigan oficialistas y opositores. La salida no depende de la Justicia, sino de un acuerdo político para que las elecciones puedan celebrarse sin riesgo de judicialización. Porque ya se la ve venir: si no se hacen este año, no faltará el que alegue que, al quedar menos de dos años para la expiración del mandato de Córdoba, no vale la pena hacer elección alguna y corresponde que siga nomás Santillán, que capaz le emboca una reelección. Y de vuelta el burro a la noria de la chicana.
Pero en esto de empiojar procesos eleccionarios hay de todo. El intendente de Los Altos, Rafael Olveira –va por la reelección el 22 de octubre- se despachó con una acusación gravísima en contra del concejal Omar Ovejero, que le pelea el sillón desde el kirchnerista Frente de Unidad Ciudadana. Como se sabe, las PASO alteñas se empañaron por la muerte del secretario de Gobierno del municipio y precandidato a concejal Jorge Guerrero. El fallecimiento, cierto es que enmarcado en discusiones de la jornada electoral, fue por infarto. Para Olveira, sin embargo, fue un asesinato. En un acto en memoria San Martín, dijo que el sector de Ovejero tiene “los votos manchados con sangre”, exabrupto que el acusado retrucó con el argumento de quieren “ensuciarle la campaña”. Olveira sabe por qué pega: Ovejero obtuvo casi 1.000 votos en las PASO, pese a que la mayor parte de ese domingo se la pasó evitando que lo metan preso por la muerte de Guerrero. El concejal acusado advirtió que iniciará acciones judiciales contra quienes lo acusan. La elección de Los Altos se pondrá para alquilar balcones.
