Luego de que una empresa local comprara en remate lo que fue ENCATA, un ex operario de la frustrada flexográfica hizo pública la inquietud por su propio destino laboral y el de otras seis personas, que no saben si los flamantes propietarios les darán trabajo. Roque Vilches renegó de haber confiado en el Gobierno, que según dice les prometió una salida. “Los que quedamos colgados somos los que hicimos patria hasta los últimos días. Los últimos siete teníamos esperanza de que se recupere, nos decían que ya laburábamos. Nos confiamos en ellos y así terminamos”, concluyó. ENCATA cerró sus puertas en 2008. El engaño a sus operarios tuvo su expresión máxima en la falsa reapertura que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner protagonizó en la campaña electoral de 2011, cuando postuló para el país que la firma catamarqueña volvía a ponerse en marcha gracias al programa de fábricas recuperadas, mentira por cadena nacional que se hizo flagrante en cuanto su emisora dejó territorio catamarqueño. El Gobierno provincial se ocupó después de sostener las expectativas de los operarios con promesas de cumplimiento imposible hasta el remate, que supone la clausura definitiva.
En los reclamos por la crisis que atraviesa la industria local, las exigencias al Gobierno de la Provincia suplantan la discusión de fondo. Esta omisión no puede achacarse a quienes las urgencias materiales devenidas de ajustes y despidos no han de permitirles conjeturas teóricas. A los actores políticos y sindicales les cabe la responsabilidad de plantear el problema en los términos adecuados. El interrogante angular brilla por su ausencia: ¿Cuáles son las posibilidades de sostener la industria catamarqueña, en las condiciones vigentes, caído ya el régimen de Promoción Industrial? Mientras esto no se responda, vanos serán los reproches y absurdas las ensoñaciones de reactivación, pues las soluciones no pueden provenir de un Gobierno provinciano cuyo presupuesto queda exhausto tras abonar salarios y provisiones. La responsabilidad de la administración local pasa por sostener con falacias esperanzas que no habrán de cumplirse, en lugar de sincerar la situación y comenzar a edificar consensos para que la catarsis dé paso a la gestión eficaz de la crisis.
Se sabe lo que pasa, aunque no se lo admita y se persista en la hipótesis de demonizar inversores. La deserción productiva –el cierre de ENCATA, por caso- no obedece al mefistofélico carácter de unos sujetos empecinados en perjudicar trabajadores, sino a la falta de rentabilidad, de modo que acaso resulte más provechoso evaluar a qué se debe la falta de rentabilidad, para trabajar sobre sus causas, en vez de insistir con recriminaciones inconducentes. Costo prohibitivo de los fletes, precio de los combustibles y la energía en alza y ya en niveles prohibitivos, intensa conflictividad laboral, costo laboral menos gravoso por lo que cobran los trabajadores que por lo que embuchan las organizaciones sindicales, presión tributaria insoportable, regímenes legales incompatibles con las características de la producción regional, actividades que no tienen posibilidades de prosperar sostenidas con respirador artificial. La propia historia de ENCATA, con diez años de compromisos incumplidos y una utilización política incontrastable, expone el erróneo enfoque asumido para abordar el problema. Ni oficialistas ni opositores profundizan el debate sobre esta cuestión central para el destino de la provincia, tal vez porque les resulta demasiado arduo y es más sencillo litigar en torno a los méritos para congraciarse con la Presidencia. Unos y otros resolverán sus cuitas en octubre. Pero ahí seguirán la industria y la producción en caída libre, ayunas de políticas que tiendan a desengrillarla de sus cepos estructurales.
