Circula en las redes sociales un chiste que alude a que la reactivación del consumo en nuestro país va a llegar de la mano de la venta de armaduras. Se trata de una ironía por el anacronismo de ciertos debates que parecen haberse reactualizado en la Argentina, cuando se los creía saldado hace mucho tiempo, lo que hace suponer un “retorno a la Edad Media”.
Por cierto se trata de una exageración, pero precisamente el humor consiste, entre otras cosas, en llevar a los extremos del ridículo ciertas situaciones de la realidad.
La reivindicación del genocidio de pueblos originarios en el sur conocido como Campaña del Desierto, el debate sobre el retorno de la educación religiosa en las escuelas públicas, o el proyecto de ley de libertad religiosa que el Ejecutivo nacional envió al Congreso en el mes de junio son solo algunos ejemplos de estos debates que atrasan.
El auge del conservadurismo excede a la Argentina. El vicepresidente de los Estados Unidos que fue recibido por el presidente Macri la semana pasada ha demostrado poseer rasgos preocupantes de misoginia, racismo y homofobia. Mike Pence cree fervientemente en la superioridad del género masculino, quiere prohibir el ingreso de musulmanes al país del norte y considera que las personas homosexuales son enfermos a los que hay que recuperar. Ese es el perfil de la segunda autoridad de la principal potencia mundial. Mejor no analizar lo que piensa sobre temas sociales o de género la principal autoridad.
En Brasil acaba de sancionarse una ley de reforma laboral que quitó o relativizó la vigencia de derechos consagrados como inamovibles desde mediados del siglo pasado. No son pocos los que creen que iniciativa de parecido contenido podría impulsarse en nuestro país para el debate legislativo del período 2018.
El proyecto de ley del Poder Ejecutivo llamado de “libertad religiosa” autoriza en su artículo 7º a instituciones enteras a declararse objetoras de conciencia. En la práctica, la reforma implicaría que, por ejemplo, jueces de paz no quieran celebrar matrimonios igualitarios si no están de acuerdo con ellos pese a que lo manda la ley, o centros de Salud se nieguen a entregar preservativos o anticonceptivos en el marco de programas públicos para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.
No es éste un pronóstico exagerado, sino lo que sucede por ejemplo en la provincia de La Rioja, donde en cinco centros de salud que brindan atención y asistencia a poblaciones de escasos recursos, los médicos tienen prohibido entregar esos elementos preventivos porque es la condición que impuso el Obispado local para donar las tierras donde se construyó una de las salas.
No está mal que todos los temas donde hay posiciones encontradas se sometan a debates amplios, sin prejuicios y responsables. El problema es que se reabren algunos que estaban superados luego de conclusiones mayoritarias. Hay tantos temas para debatir de cara al futuro, que preocupa que el tiempo se utilice para volver a debates que atrasan años, décadas y algunos hasta siglos.
