|| CARA Y CRUZ ||

Psicofármacos de venta libre

Los deficientes controles que se ejercen sobre el expendio de...
lunes, 31 de julio de 2017 · 04:10

Los deficientes controles que se ejercen sobre el expendio de psicofármacos resultan injustificables ante el avance sostenido del flagelo de las adicciones. Estos medicamentos se utilizan para “estirar” los estupefacientes ilegales, y de tal modo incrementar la rentabilidad de su comercialización, pero además para drogarse, mezclándolos con alcohol. Cuestan entre 20 y 30 pesos, y conseguirlos es tan sencillo que se los califica como la “droga de los pobres”: con una pastilla y un litro de vino en tetra-brick basta. En teoría, la venta de psicofármacos debe realizarse contra receta médica por triplicado. La ley nacional 17.818, de 1968, manda que las recetas de psicofármacos y psicotrópicos sean manuscritas por el médico con letra legible y señalando la denominación o fórmula del medicamento recetado y su prescripción, con las cantidades expresadas en letras. Debe también dejarse constancia del nombre y el domicilio del paciente. Los originales deben ser copiados en el libro recetario de la farmacia y archivados durante dos años. 

 

De acuerdo con la ley provincial 1.847, el expendio de psicofármacos y psicotrópicos tiene que concretarse por medio de un Formulario Único por Triplicado, numerado y provisto a los profesionales médicos por el Ministerio de Salud. Estas regulaciones son papel mojado. En los hechos, los psicofármacos son prácticamente de venta libre, porque los mecanismos de fiscalización son inexistentes o muy fáciles de eludir. Se trata de un flanco muy delicado que el combate contra las adicciones tiene desguarnecido desde hace tiempo. El Ancasti publicó varios informes al respecto luego de constatar que adquirir clonazepam, rivotril o dormicum no demanda excesivos esfuerzos. En casi todos los operativos antidrogas se secuestran psicofármacos, pero el problema acá no es el circuito ilegal del tráfico, que incluye los estupefacientes ilegales, sino el sistema legal de las farmacias y los comercios que los proveen sin receta. Como elemento adicional puede consignarse la reproducción de las desigualdades sociales en el ámbito de las adicciones. El efecto del cóctel es demoledor: con psicofármacos y alcohol se drogan los pobres, cuyas neuronas se aniquilan de tal modo con mucha mayor rapidez que las de los que cuentan con recursos para acceder a venenos de mejor calidad.


El tema tiene estrecha vinculación con la inseguridad. Atormentados por la abstinencia, los adictos están dispuestos a cualquier cosa para conseguir el dinero que les permita adquirir la droga que los estabilice. Se entiende en ese marco la violencia aplicada para apoderarse de botines míseros, insignificantes tal vez para cualquiera, pero vitales para quien no puede pensar más que en la próxima dosis. A esta altura de la expansión de las adicciones, es inexplicable que no se tomen recaudos con el propósito de detectar y sancionar a los inescrupulosos que comercian con drogas legales. No es un problema solamente del Ministerio de Salud. Incumbe también al área de seguridad, pero en rigor el déficit en la fiscalización de una actividad comercial a todas luces ilícita indica que en el Gobierno no acaba de asumirse la envergadura de un problema que requiere el esfuerzo coordinado de varias áreas, capacitación de personal y asignación de recursos tecnológicos y económicos.

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