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SUSCRIBITEQuizás no sea impertinente vincular la reanudación de los conflictos protagonizados por usurpadores de tierras que reclaman viviendas dignas con la gran cantidad de construcciones irregulares con las que se especula en el mercado inmobiliario, para intentar una interpretación de las particularidades del deterioro social en Catamarca.
Familias que ocupan tierras estatales y conformaron el asentamiento La Rivera, en el sur de San Fernando del Valle de Catamarca, interrumpieron sobre el último fin de semana de la Fiesta del Poncho el tránsito en la ruta nacional 38 dos días consecutivos, en las inmediaciones del ex Sussex. Residen –es un decir- en la zona donde la ciudad descarga sus residuos cloacales. Pedían servicios básicos, casas los más optimistas. La Secretaría de Vivienda compró seis hectáreas y media en el norte capitalino y pretende incorporar a las 120 familias al programa Autoconstrucción de Viviendas para sacarlas de tan insalubre ambiente.
Pocas horas después de estos piquetes, El Ancasti publicó un informe sobre la especulación inmobiliaria disparada en torno al PROCREAR, que otorga créditos hipotecarios subsidiados por el Estado para la compra de viviendas.
Además del incremento desmesurado del precio de los inmuebles, que torna insuficiente el crédito obtenido para comprarlos, se destacó el dato de que existen gran cantidad de casas y dúplex que no están registrados, de modo que sus propietarios pagan tributos como si de terrenos baldíos se tratara.
Como para edificar es necesario cumplir con las exigencias impuestas por el municipio, la proliferación de construcciones de calidad pero informales, sobre todo en la zona oeste de San Fernando del Valle, solo puede explicarse por la complicidad o desidia del funcionariato, o porque sus propietarios tienen dinero suficiente para prescindir del circuito financiero bancario. Dinero que puede ser lícito o no.
Las inmobiliarias se quejaron porque no pueden aprovechar el negocio abierto por el PROCREAR debido a las expectativas de ganancias de sus clientes, que se niegan a mermar los precios.
En una de estas inmobiliarias se refirieron a las casas y dúplex informales: “Tenemos clientes que están dispuestos a blanquear sus construcciones para vender. Para el trámite de planos aprobados exigen una seña alta, que no baja de los 400 o 500 mil pesos, porque si se cae algo de la carpeta en el banco, la propiedad ya quedará blanqueada. Y lo cierto es que nadie quiere blanquear lo que tiene. Por eso es tan difícil cerrar la operación por banco”.
Propiedades que a principio de año se ofrecían por un millón de pesos subieron, cuando se pusieron en marcha los PROCREAR, a $1,7 millón: 70%, sin más justificativo que la angurria.
Otro conflicto por usurpación, en el que los ocupas exigen que la Municipalidad compre tierras en el norte y se las entregue, se detonó el miércoles pasado.
Las dos puntas
Es improbable que los grupos familiares que forman los asentamientos reúnan los requisitos para constituirse en sujetos de crédito satisfactorios para las instituciones bancarias.
Pero vale señalar la tensión social que dejan en evidencia la demanda por el acceso a viviendas dignas sobre el Estado provincial, por un lado, y la conducta especulativa de quienes edifican al margen de la ley sin siquiera abonar las gabelas que corresponden al erario, que ha colocado en la cornisa del fracaso el programa PROCREAR.
En síntesis: si la especulación inmobiliaria frustra sus aspiraciones en el marco del PROCREAR, familias y personas que para nada pueden considerarse pudientes pasarán a formar parte del universo que tramita su casa en el IPV o la Secretaría de Vivienda, organismos que no dan abasto para responder a la requisitoria de quienes no tienen acceso a los créditos hipotecarios que ofrecen a los bancos.
El derrotero de los que van del PROCREAR a la vivienda provista por el Gobierno marca el deterioro social catamarqueño. Para lograr un PROCREAR, el grupo familiar debe acreditar ingresos de entre $16 mil y $32 mil pesos.
Dos puntas nítidamente expuestas, entonces: los que no reúnen las condiciones para entrar en el circuito financiero formal y los que tienen resto para esperar ofertas que se acomoden a sus pretensiones de ganancia.
Entre ambas, alternativas diversas que incluyen la inducción de usurpaciones para forzar expropiaciones y compras por parte del Estado y, por cierto, maniobras electorales tendientes a desgastar al oficialismo con piquetes y manifestaciones, que nada puede descartarse en tiempos previos a las urnas.
Contexto
Esta situación ocurre en una provincia que marcó 10,8% de desempleo en el segundo trimestre de 2017, segunda en el país, por debajo de provincia de Buenos Aires, pero primera en cuanto al incremento del flagelo: más de cuatro puntos porcentuales más que el año pasado.
Alrededor de 11.000 catamarqueños buscan empleo y no lo encuentran. Los cierres de fábricas y los ajustes en el sector privado para soportar la crisis son el pan de cada día.
El Estado, mientras tanto, ya no puede absorber más gente: Catamarca tiene los indicadores más altos de la Argentina en lo que respecta a incidencia del empleo público, con 218 agentes públicos por cada 100 privados y 168 por cada mil habitantes.
Años de ejercicio han cimentado la convicción de que las instancias preelectorales son las más propicias para arrancarle concesiones al Gobierno, de modo que no resulta aventurado pronosticar que de acá a octubre se acentuarán las gestiones, lícitas y no, para lograr cobertura estatal.
Acaso convendría a las autoridades evaluar mecanismos para mermar margen a especuladores que buscan obtener ganancias del retroceso social. Suficiente hay con la especulación electoral.
