viernes 22 de marzo de 2024
EDITORIAL

Pobres adolescentes

Si los actuales índices de pobreza general son injustificables en un país como la Argentina, que dispone...

Por Redacción El Ancasti

Si los actuales índices de pobreza general son injustificables en un país como la Argentina, que dispone de recursos naturales y humanos suficientes para ostentar registros a la altura de los países desarrollados, más lo son los que se refieren a grupos etarios como la niñez, el que integran los adultos mayores de 60 años y, según corrobora Unicef en su último informe, el de los adolescentes, es decir, el que se refiere a chicos y chicas de 13 a 17 años.
Mientras según los datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), uno de cada tres argentinos es pobre, el trabajo de la ONG internacional especifica que la mitad de los adolescentes es pobre. En este último caso, los datos corresponden al último trimestre de 2016 y no se pueden comparar con registros anteriores por la ausencia de datos. Pero es posible inferir que desde diciembre de 2015 hasta fines de 2016 la población de adolescentes pobres aumentó, si nos atenemos a los datos de la UCA, que establece que en el transcurso de ese año la cantidad de pobres se incrementó en aproximadamente un millón y medio de personas.
La de la pobreza no es la única violencia que padecen los chicos y chicas de entre 13 y 17: también, según Unicef, es la franja poblacional más golpeada por la violencia institucional, esto es, la que perpetran las fuerzas de seguridad, y la violencia mediática, que es la provocada por medios de comunicación en la medida en que “tienden a mostrar visiones sesgadas, negativas y estigmatizantes sobre los adolescentes”.
Más de la mitad de los adolescentes padecen uno o más de los siguientes problemas, lo que les impide llevar una vida dentro de los parámetros esperables para una sociedad desarrollada: están expuestos a trabajo infantil, son migrantes, están en situación de pobreza, con alguna discapacidad, en conflicto con la ley, o han vivido en instituciones estatales por carecer de cuidados familiares.
El gran valor que tiene el informe de Unicef es, más allá del diagnóstico respecto de la situación, que contiene una serie de propuestas de políticas a implementar desde las distintas áreas del Estado. 
En el trabajo denominado “Para cada adolescente, una oportunidad”, la ONG menciona como una necesidad imperiosa que “los adolescentes cuenten con un sistema de protección social de calidad, que llegue a todos los que lo necesitan, con un foco específico en las situaciones de mayor vulnerabilidad y exclusión social. La coordinación intersectorial e interjurisdiccional debe fortalecerse para implementar políticas integrales que fomenten el crecimiento pleno con enfoque de equidad. En el ámbito educativo el Estado debe garantizar que todos los adolescentes se encuentren escolarizados en el ciclo básico, reciban una educación de calidad y finalicen sus trayectorias escolares de forma adecuada”.
La acción estatal se torna imprescindible para morigerar la crítica situación en la que se encuentran este y otros grupos vulnerados de la Argentina, aunque parezca una utopía en la actual coyuntura, donde de acuerdo con la lógica del modelo económico, las urgencias y las prioridades no pasan por la cuestión social. de recursos naturales y humanos suficientes para ostentar registros a la altura de los países desarrollados, más lo son los que se refieren a grupos etarios como la niñez, el que integran los adultos mayores de 60 años y, según corrobora Unicef en su último informe, el de los adolescentes, es decir, el que se refiere a chicos y chicas de 13 a 17 años.
Mientras según los datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), uno de cada tres argentinos es pobre, el trabajo de la ONG internacional especifica que la mitad de los adolescentes es pobre. En este último caso, los datos corresponden al último trimestre de 2016 y no se pueden comparar con registros anteriores por la ausencia de datos. Pero es posible inferir que desde diciembre de 2015 hasta fines de 2016 la población de adolescentes pobres aumentó, si nos atenemos a los datos de la UCA, que establece que en el transcurso de ese año la cantidad de pobres se incrementó en aproximadamente un millón y medio de personas.
La de la pobreza no es la única violencia que padecen los chicos y chicas de entre 13 y 17: también, según Unicef, es la franja poblacional más golpeada por la violencia institucional, esto es, la que perpetran las fuerzas de seguridad, y la violencia mediática, que es la provocada por medios de comunicación en la medida en que “tienden a mostrar visiones sesgadas, negativas y estigmatizantes sobre los adolescentes”.
Más de la mitad de los adolescentes padecen uno o más de los siguientes problemas, lo que les impide llevar una vida dentro de los parámetros esperables para una sociedad desarrollada: están expuestos a trabajo infantil, son migrantes, están en situación de pobreza, con alguna discapacidad, en conflicto con la ley, o han vivido en instituciones estatales por carecer de cuidados familiares.
El gran valor que tiene el informe de Unicef es, más allá del diagnóstico respecto de la situación, que contiene una serie de propuestas de políticas a implementar desde las distintas áreas del Estado. 
En el trabajo denominado “Para cada adolescente, una oportunidad”, la ONG menciona como una necesidad imperiosa que “los adolescentes cuenten con un sistema de protección social de calidad, que llegue a todos los que lo necesitan, con un foco específico en las situaciones de mayor vulnerabilidad y exclusión social. La coordinación intersectorial e interjurisdiccional debe fortalecerse para implementar políticas integrales que fomenten el crecimiento pleno con enfoque de equidad. En el ámbito educativo el Estado debe garantizar que todos los adolescentes se encuentren escolarizados en el ciclo básico, reciban una educación de calidad y finalicen sus trayectorias escolares de forma adecuada”.
La acción estatal se torna imprescindible para morigerar la crítica situación en la que se encuentran este y otros grupos vulnerados de la Argentina, aunque parezca una utopía en la actual coyuntura, donde de acuerdo con la lógica del modelo económico, las urgencias y las prioridades no pasan por la cuestión social. 

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