El liderazgo que en el concierto nacional ostenta Catamarca en materia de patrimonio arqueológico podría ser aún más acentuado si el Estado hubiese cumplido eficazmente durante el siglo XX y lo que va del XXI el necesario rol de control para la preservación de esa riqueza invaluable.
La denuncia conocida en los últimos días respecto de la posible afectación de un sector perteneciente al Pueblo Perdido de la Quebrada por los trabajos de extracción de áridos por parte de una empresa, ha reactualizado el debate respecto de la necesidad de una actitud más atenta de parte de los organismos con competencia en la problemática para evitar que este patrimonio se siga perdiendo.
Para tener una idea aproximada de la riqueza arqueológica que alberga nuestro territorio bastará decir que la Dirección de Antropología de la provincia tiene en sus registros más de 800 sitios localizados en distintos puntos geográficos.
Durante muchas décadas, antes de que entre en vigencia una serie de instrumentos legales de orden nacional, provincial e incluso en algunos casos municipal, las tareas de ejecución de obras viales y de infraestructura pública en general arrasaron con reservorios arqueológicos de gran importancia.
Paralelamente, miles de piezas pertenecientes a culturas precolombinas instaladas antiguamente en el actual territorio provincial formaron parte de un ilegal tráfico que provocó que terminan formando parte de colecciones privadas o de museos de distintas partes del mundo. Se calcula que hay más de 30.000 piezas que fueron vendidas de manera ilegal y hoy se encuentran lejos de la provincia.
Solo una porción pequeña del enorme patrimonio arqueológico catamarqueño se encuentra en poder provincial. El resto fue destruido, traficado o permanece a la espera de ser rescatado por equipos especializados que lo pongan a salvo de la acción devastadora de las máquinas excavadoras y de personas inescrupulosas que se enriquecen con el saqueo ilegal.
Y deben contarse, también, personas que sin ánimo de lucro conservan en sus propiedades piezas valiosas que fueron encontradas por casualidad, muchas de las cuales se transmiten de generación en generación. Al respecto, desde 2003 rige una ley que obliga a los particulares a denunciar las piezas arqueológicas que poseen en sus casas.
Este verdadero proceso de destrucción y despojo fue posible por la inacción estatal en los controles. Éstos han mejorado, como se dijo, a partir de la aprobación de leyes y el ostensible crecimiento de la conciencia de preservación, tanto de los organismos técnicos como de los particulares. De hecho, la denuncia de lo que sucedía en La Estancita fue realizada por un vecino de la zona.
De todos modos, como también lo prueba este hecho, que probablemente derive en una sanción a la empresa de áridos, el patrimonio arqueológico sigue corriendo peligro en la medida en que no se refuercen los controles preventivos para evitar su afectación.
A diferencia de otros recursos, los arqueológicos, una vez que fueron dañados son irrecuperables. Casi lo mismo que sucede con las piezas que fueron traficadas y hoy se encuentran a miles de kilómetros de Catamarca.
