Editorial

1.204 dólares por segundo

Luego del acuerdo con los denominados fondos buitre...
sábado, 02 de diciembre de 2017 · 04:18

Luego del acuerdo con los denominados fondos buitre, ocurrido en marzo de 2016, el gobierno nacional inició un proceso de endeudamiento para cubrir la necesidad de financiamiento de la economía.


El argumento esgrimido por el gobierno fue que había suficiente margen para encarar esta política sin comprometer la sustentabilidad futura de la economía. Los canjes de 2005 y 2010 habían sido exitosos y lograron bajar sustancialmente los niveles de deuda.


Desde entonces, es decir, en los últimos 21 meses, el ritmo de toma de créditos externos ha sido continuo y preocupante. Un trabajo elaborado por el Observatorio Fiscal Federal ha logrado determinar con mucha precisión el ritmo de crecimiento de la deuda argentina. 


Según el Observatorio, la deuda de Nación, provincias, municipios y Banco Central está creciendo a razón de 1.204 dólares por segundo. Esta evolución registra los problemas de sustentabilidad que tiene la economía argentina y se comprende a partir de otros datos relacionados: el gasto consolidado de Nación, provincias y municipios crece a razón de $134.000 por segundo y la recaudación total apenas $109.000 por segundo. 


El cálculo del déficit fiscal es sencillo: aumenta a razón de $25.000 por segundo. Este año alcanzará, sumando a Nación y provincias, la cifra histórica del 7 por ciento del Producto Bruto Interno.


No hay que ser un economista avanzado y experto en finanzas públicas para comprender que con estos datos ningún programa económico tiene viabilidad en el mediano y largo plazo. La crisis de la deuda ha sido recurrente en la reciente historia nacional, y el costo de la misma ha sido altísimo desde el punto de vista social, económico y político.


En el propio gobierno, que defendía con énfasis hasta hace poco la estrategia del endeudamiento, hoy admiten que es insostenible. La vicepresidenta, Gabriela Michetti, ha reconocido que “hoy la Argentina tiene $600 mil millones anuales de deuda” y que por esa razón se impone una reducción abrupta de los gastos del Estado.


El cambio discursivo intenta legitimar algunas medidas propuestas oficialmente, como la reducción de los ingresos de los jubilados, que le significará un “ahorro”, a costa del bolsillo de la clase pasiva, claro, de alrededor de 100.000 millones de pesos, o la baja de alrededor de 35.000 trabajadores estatales, lo que significa que uno de cada cinco empleados del Estado nacional se quedará sin trabajo.


Claramente la decisión de dónde obtener los recursos para bajar el déficit fiscal es una elección relacionada con el proyecto político. Pueden ser los jubilados o los trabajadores estatales, o bien podrían ser, por ejemplo, las corporaciones mineras o los agroexportadores, si se restituyen las retenciones a las exportaciones que el gobierno eliminó o redujo al comienzo de su mandato.


Y otra alternativa para dotar de sustentabilidad a la economía es incrementar los ingresos poniendo en marcha mecanismos proactivos de expansión de la economía, que no parece por ahora estar en los planes del oficialismo, preocupado casi exclusivamente, como bien lo marca la ortodoxia económica y las instrucciones del Fondo Monetario Internacional, en controlar y reducir los gastos estatales.

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