Tras asumir como Jefe de Policía, el comisario Orlando Antonio Quevedo creyó necesario explicar a la opinión pública algunas de las premisas desde la que intentará edifica su gestión. No podrá negársele el atributo de la perspicacia. Fue contundente al afirmar que "en la mayoría de los delitos los delincuentes están drogados” y que las modificaciones registradas en el "modus operandi” de los distintos tipos de delitos "tiene que ver con la drogadicción”.
"El delito –analizó el Jefe- va cambiando. Está comprobado que no solo se comete un simple robo o hurto, sino que también se usan armas. Todo tiene que ver con la drogadicción. Uno ha visto en los procedimientos, vemos la reacción de los detenidos y notamos que la mayoría está bajo los efectos de sustancias”.
Que la máxima autoridad de las fuerzas de seguridad de la Provincia asuma de modo tan rotundo el vínculo entre drogas e inseguridad habilita expectativas sobre las posibilidades de que se reviertan las actitudes oficiales que permitieron a las drogas introducirse y afianzarse en la comunidad catamarqueña.
A esta altura del flagelo, es imposible negar que la prosperidad e inserción logradas por los mercaderes de narcóticos se vieron facilitadas por la indiferencia de quienes debían combatirlos desde los organismos policiales y judiciales de la Provincia y de la Nación, en gestiones de distinto signo político. Tal conducta puede haber obedecido a negligencia, irresponsabilidad o criminal complicidad, pero, cualquiera sea el caso, las evidencias de sus funestas secuelas aparecen cada vez con más frecuencia.
Conviene marcar contrastes, porque lo paulatino del proceso podría inducir a suponer que forma parte del orden natural de las cosas; que se trató de algo imprevisible como un sismo, frente a lo cual nada podía hacerse.
No fue así. Hace apenas 15 años, las drogas eran en Catamarca un fenómeno marginal, pero ya podía visualizarse sin excesivos esfuerzos como una amenaza que se cernía sobre la sociedad toda. Mes a mes, año a año, fue extendiéndose sin que las instituciones provinciales y nacionales, fueran policiales o judiciales, hicieran nada serio por cercarlo. La subestimación del riesgo favoreció su concreción. El cáncer no fue atacado en su origen e hizo una metástasis que no se detiene.
El tapicero Cristian Rojas confesó que asesinó a Ramona Andrada, pero aclaró que no tuvo intención de hacerlo y que actuó drogado. No puede descartarse que alegue haber estado bajo efectos de estupefacientes con la pretensión de atenuar la condena, pero el caso es que el sujeto tenía antecedentes penales y que las drogas vuelven a introducirse como elemento en un crimen.
Mojones de muerte
El perfil de los vecinos de Villa Parque Chacabuco permite sumar el homicidio de Andrada a los casos que sorprendieron a una clase media catamarqueña que hasta hace no mucho se sentía a salvo de los avatares de la marginalidad y sus deleznables vicios, como si la marginalidad y sus deleznables vicios pudieran mantenerse encapsulados indefinidamente; o como si la marginalidad y sus deleznables vicios no fueran producto de una dinámica social ruin, que expulsa y legitima la expulsión.
Uno fue el de Damián "Bebe” Cano, un al parecer muy simpático joven que mató a María Eugenia Rojas y Susana Aguilar e incendió los departamentos de sus víctimas enajenado por las drogas, desesperado por dinero para hacer remitir los síntomas de la abstinencia que lo atormentaban. Cano mantenía cordiales relaciones con las mujeres asesinadas. Ninguna de las dos, y tampoco nadie en sus círculos íntimos, imaginó que podría incurrir en el crimen, aún cuando le conocieran la afición a los estupefacientes, que recién con los estallidos violentos mostró lo lejos que estaba de ser inofensiva veleidad transgresora.
La maestra Fabiana Aranguez tampoco imaginó que sería asesinada e incinerada con su automóvil por su vecino Darío Castro, un adicto que, preso por horrendo crimen, se suicidó al aquilatar el tamaño de la barbaridad que había cometido.
La lista no agota la casuística. Se advertirá que no incluye a las víctimas de clases menos acomodadas. Esto no obedece a prejuicios, sino a la intención de subrayar la equivocación de creer que es posible estar a salvo de las consecuencias de las drogas por mero imperio de la fortuna social. Es sobre esta suposición que los responsables de combatir el narcotráfico y las adicciones a nivel provincial y nacional desertaron y allanaron la brutal metástasis que ahora espanta. No hay muertos de primera y muertos de segunda, ni jerarquías sociales de drogadictos, salvo por la calidad del veneno que se embutan: además de una canallada, semejante presunción es un error grave.
Avisos
En septiembre de 2012, un Mirador Político titulado "Una negación que profundiza los riesgos” enfatizó sobre la indiferencia que las clases medias y las autoridades mantenían ante la proliferación de las drogas y su cada vez más estrecho vínculo con el delito, tras repasar varios casos de alto impacto: entre otros, los cuatro adolescentes muertos en un incendio en la Alcaidía, el joven Diego Pachao muerto después de estar detenido en la comisaría 7º, Ezequiel Cengel asesinado a puñaladas por una patota en una fiesta de drogas, Leandro Centeno torturado y ultimado en un ajuste de cuentas y la movilización vandálica de jóvenes que se precipitó luego y sitió las Fiscalías de Instrucción.
Aquel Mirador concluía: "Es preciso consignar un lamentable rasgo social que atenúa los costos políticos de quienes siguen sin proporcionar respuestas: los muertos apilados hasta ahora no integraban entornos capaces de conmover a la "parte sana” de la sociedad. Fueron muertos en los márgenes; algunos de ellos eran lúmpenes y malandrines tempranos, por quienes la ‘parte sana’ no se preocupa. Si alguna de las víctimas hubiera tenido un perfil social más afín a esa ‘parte sana’, otro sería el cantar para los responsables de preservar la integridad de los catamarqueños, porque otras serían las reacciones y otros serían los sectores involucrados en ellas. Sin embargo, el miércoles a la tarde la ‘parte sana’ padeció una incursión salvaje y alarmante. Tal vez habría que dejar de lado el debate sobre la ontología de las sensaciones y preguntarse, en serio, qué está pasando en Catamarca. Persistir en la negación podría arrojar para la ‘parte sana’ una conclusión tardía e irreversible como la muerte: no existen partes sanas en una sociedad enferma”.
