La concurrencia regular de los niños y adolescentes a los consultorios médicos y odontológicos es una práctica muy recomendable pero restringida a un sector minoritario de la sociedad. La mayoría de los chicos se hacen controles o visitan a los profesionales de la salud porque padecen alguna enfermedad de manera muy irregular.
Pero hay un dato que es, más que preocupante, alarmante: según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica conocido en estos días, un 25,8% de los niños y adolescentes en Argentina no consultó a un médico en los últimos cinco años. Es decir, uno de cada cuatro está virtualmente excluido del acceso al sistema de salud.
Es muy probable que no existan estadísticas que den cuenta de las causas de esa exclusión; esto es, qué porcentaje está fuera del sistema por falencias del Estado, que no se ha mostrado capaz de desplegar políticas sanitarias inclusivas, que puedan hacer llegar la asistencia en materia de salud a los sectores más marginados, social o territorialmente, y qué porcentaje esta fuera del sistema porque se automargina, por voluntad propia, como consecuencia de la falta de hábito de concurrencia al médico.
En ambos casos, de todos modos, la responsabilidad es del Estado, pues en la segunda de las alternativas se advierte que fallan, o son insuficientes, las campañas de concientización respecto de la importancia de los controles rutinarios para garantizarle una vida saludable a quienes integran la franja etaria en cuestión.
Si uno de cada cuatro chicos no concurrió en los últimos cinco años al médico, el porcentaje trepa casi al doble en lo referido a la consulta odontológica: el mismo estudio de la UCA determinó que el 46,7% no asistió, en el mismo periodo, al consultorio de un dentista.
El informe es revelador de otras situaciones graves de vulnerabilidad que afectan a niños o adolescentes.
El año pasado, "el 49,9% de la infancia y adolescencia urbana en Argentina vivía en un medio de vida insalubre, tanto por problemas de contaminación ambiental como a consecuencia de la cercanía de fábricas y/o basurales, proximidad a lugares de quema de basura o existencia de plagas”, consigna el estudio.
También indica que el 42% de la infancia y adolescencia reside en casas con problemas de saneamiento (viviendas sin cloacas, red de agua corriente, o inodoro sin descarga de agua). Y que el 18,5% vive en situación de hacinamiento, es decir, chicos que comparten cama o colchón para dormir.
Si bien el informe abarca el periodo 2010-2015, los indicadores, lejos de mejorar, parecen haber empeorado en este último año, a juzgar por la misma fuente: la UCA señaló que entre diciembre del año pasado y marzo de este año hay un millón y medio de nuevos pobres, cifra que podría al menos duplicarse cuando se analice el impacto de los tarifazos.
Estas carencias ponen de manifiesto las falencias de las políticas públicas en materia de inclusión. Se requiere de un estado presente, eficaz y eficiente, capaz de dar las respuestas necesarias en el momento oportuno. Lo que hay que tener muy en cuenta es que no es ni sobredimensionando ni desmantelando el Estado como se salda la deuda social que describen los informes como el mencionado.
