Un estudio técnico de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, cuyos datos fueron difundidos por el intendente Raúl Jalil, asevera que el negocio de la usura despoja a la provincia de unos 360 millones de pesos anuales. En la disertación que dio en el encuentro Argentina Pensando 2030, Jalil aseguró que las casas financieras cobran alrededor de 30 millones de pesos al mes por el costo financiero total (CFT) de las sumas que prestan a los catamarqueños que no pueden acceder al sistema de créditos bancario. Este CFT promedia el 460% del dinero prestado: entre el 353 y el 580% de acuerdo con el usurero al que la víctima acuda. Los intereses que aplican los bancos, mientras tanto, van del 53 al 63%. El intendente dijo que requerirá a los legisladores nacionales para tratar de introducir cambios a la ley nacional 21.526, de Entidades Financieras.
Se reformule o no la ley nacional, el informe municipal expone el fracaso de las políticas tendientes a combatir la usura que con pitos y flautas el Gobierno anunció al poner en funcionamiento, a través del decreto- acuerdo 636/12, el Comité Ejecutivo para la Erradicación de la Usura. Esto fue en abril de 2012, luego de numerosos informes periodísticos de este diario que dieron cuenta del fabuloso negocio montado por las casas financieras, aprovechando las deficiencias del sistema bancario y la inoperancia oficial. El instituto estaría integrado, dice el decreto, por profesionales y funcionarios de los ministerios de Gobierno, Producción, Desarrollo Social y Hacienda, la Fiscalía de Estado y la Asesoría General de Gobierno. Se estableció como techo para el costo financiero total de cualquier préstamo personal un 7% por encima de la tasa informada por el Banco de la Nación; superado ese límite, el interés sería considerado usurario y daría lugar a las sanciones correspondientes. La iniciativa gubernamental fue saludada como un gran avance contra el flagelo. Se prometió complementariamente la revisión de los llamados "códigos de descuento" otorgados a muchas entidades, a través de los cuales se retenían las leoninas cuotas a los acreedores en los bancos, de modo que el prestamista ni siquiera debía tomarse el trabajo de gestionar el cobro de algún eventual moroso, a quien le llegaba el sueldo ya reducido por las cuotas. Riesgo cero para los Shylocks locales, con el aditamento de que el banco se convertía en socio de la exacción al quedarse con un porcentaje de lo retenido por los servicios prestados. Jamás se tuvieron noticias de acciones concretas por parte del promocionado Comité Anti-usura. A consultas periodísticas realizadas debido a las evidencias de que el saqueo continuaba en expansión, en Defensa del Consumidor confesaron la impotencia para contenerlo, al tiempo que consignaron, como para no cargar solos las responsabilidades, las dificultades que existían para que los integrantes del comité se juntaran a decidir algo.
La cuestión es que esto del combate a la usura fue otro de los sentidos versos elaborados por el funcionariato para consumo del tontaje. Como para tener dimensión de lo que implica: el último aumento a los municipales capitalinos significará un gasto adicional de 5 millones de pesos al mes, mientras las casas financieras se llevan 30; la Municipalidad gastará, con enorme esfuerzo, 60 millones de pesos al año, la usura erradica de la provincia casi 400 en el mismo período. Y eso que Jalil no señaló cuánto se llevan los bancos, cuyas restricciones forman parte del ecosistema financiera del que se ceban los prestamistas. Los bancos cobrarán tasas menores, pero captan depósitos locales y los prestan en otras jurisdicciones, mientras los catamarqueños, sobre todo los más humildes, tienen que resignarse a ser esquilmados sin freno.
