Omar "Caballo” Suárez, ex jefe del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) detenido ayer bajo acusaciones de asociación ilícita, extorsión y lavado de dinero, entre otras lindezas, es un emblema del modelo sindical vigente desde hace más de medio siglo en la Argentina, cuyo resultado más saliente se condensa en la oposición entre sindicalistas millonarios y trabajadores pobres. Estuvo al frente del SOMU durante casi tres décadas, hasta que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la intervención del gremio el 18 de febrero pasado y comenzaron a surgir pruebas concretas de fraudes variopintos, complementarios al de bloquear puertos con el propósito de extorsionar que detonó las indagaciones judiciales. Su trayectoria incluye todas las conductas clásicas de la casta que integra, como si fuera un arquetipo. Su arremetida para hacerse con el control del sindicato se inició con una maniobra gangsteril: en 1989, tomó por asalto la sede del SOMU al frente de una patota que se decía partidaria del ex jefe carapintada Aldo Rico, y tres años después reemplazó en la conducción a Juan Arce, de quien era chofer y guardaespaldas. Fue sucesivamente y conforme a las variaciones del escenario menemista, duhaldista y kirchnerista. La adhesión al kirchnerismo le allanó el camino para conformar su propio holding empresario en torno a la actividad portuaria.
El "Caballo" alcanzó notoriedad en 2012, cuando la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo consagró como uno de sus "sindicalistas favoritos” en un acto realizado en Angola durante la incursión comercial a ese país organizada por el entonces secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. Suárez capitaneó en aquella oportunidad el barco bautizado "El Arca de Moreno”, de la compañía Maruba, de la que había adquirido el 30% de las acciones, en el que se transportaron los productos argentinos que se exhibieron en la feria angoleña. La Justicia sospecha que varias sociedades comerciales atribuidas a Suárez y familiares suyos cometieron irregularidades con fondos del SOMU. Según el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el sindicalista "extorsionaba a las empresas de navegación para que paguen sobrecostos de entre 500 y 700 por ciento". El fiscal Ramiro González sostuvo que el dinero producto de actividades ilícitas de Suárez, como la extorsión, era invertido en el negocio naviero, a través de distintas sociedades integradas por personas vinculadas a él, como la Fundación Azul, para el cuidado y preservación del medio ambiente marino, fluvial y lacustre; Marítima Maruba SA, Mercantes SA, Pescamarine SA y San Jorge Marítima SA. También se lo acusa de desviar fondos para "capacitación" que comenzó a cobrarles a las navieras desde que, en 2008, el país comenzó a importar gas licuado por un convenio entre el ministerio de Planificación que comandaba Julio De Vido, Enarsa e YPF.
El personaje detenido, como se ve, encarna las más acendradas virtudes del sindicalismo nacional que extendió sus tentáculos desde que la ley de Asociaciones Profesionales que les dio el monopolio de la representación de los trabajadores, instauró la cuota sindical compulsiva y les entregó el manejo de las obras sociales. Este inmenso poderío no se tradujo en mejoras significativas para los trabajadores, pero sí en el enriquecimiento exponencial de la burocracia sindical, una casta a esta altura empresarial que ha logrado sobrevivir a todas las crisis del país sin resignar ni una sola de sus canonjías. "Caballo" Suárez y sus maniobras ilícitas tienen de tal modo carácter paradigmático: son el emblema de un sindicalismo que solo responde a los intereses de sus jerarcas.
