jueves 1 de diciembre de 2022

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CARA Y CRUZ

Límites difusos

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Por Redacción El Ancasti
La controversia generada a partir del reclamo del municipio de Huillapima sobre los límites entre Capital y Capayán, y en particular el hecho de que la Ciudad Satélite se encontraría en su jurisdicción, como todo lo que figura al suroeste del río Ongolí, no solo ha obligado a reanudar el trabajo de la Legislatura en torno a la delimitación de los departamentos, sino que además desplegó un escenario de incertidumbre sobre los ingresos futuros del municipio capitalino en materia impositiva. Una incertidumbre de la cual, por supuesto, no están exentos los contribuyentes vecinales de la enorme urbanización. Pero también la falta de definición complica a las empresas constructoras, que aún deben concluir la etapa administrativa burocrática de los contratos, tales como el fondo de garantía en la órbita del Instituto Provincial de la Vivienda. Y obliga a revisar planos y toda la documentación complementaria requerida en torno a la construcción de esa gigante barriada. En el fondo, subyace la idea de que todo el proceso que enmarcó la creación de esta verdadera ciudad paralela -y a eso se refiere el concepto de "Satélite”, sin ningún ánimo peyorativo- con más de 4.000 viviendas, desde la compra de los terrenos hasta la construcción de casas y el puente de acceso, se llevó a cabo sin atender en primer lugar la cuestión de los límites. 

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No es menor el tema de los recursos fiscales que están en juego. Hasta ahora, la Municipalidad de la Capital cuenta en primer lugar con la contribución sobre los inmuebles de los cuatro mil hogares de la Ciudad Satélite. También prevé ingresos en concepto de habilitación de comercios, industrias y actividades de servicios; contribución por inspección de comercios, industrias y actividades civiles; la contribución que incide sobre la publicidad y la propaganda; la contribución sobre las diversiones y los espectáculos públicos; la contribución sobre los mercados (desde simple venta ambulante, hasta ferias móviles, puestos fijos y el estacionamiento de vehículos de los vendedores), como también la contribución que se cobra por la introducción de mercaderías en dichos mercados. Además, hay recursos económicos previstos por la circulación de los denominados "valores sorteables con premios” (los juegos autorizados por CAPRESCA, pero cuyos números vendidos deben tributar en el municipio), por el servicio de inspección bromatológica; contribución por la ocupación o utilización del espacio público (que alcanza a los servicios de energía, agua, red telefónica y televisión por cable; a los circos y parques de diversiones; a las empresas de transporte y a la concesión de espacios reservados, como por ejemplo las paradas de taxis y remises; y a la ocupación de la vía pública por obras particulares). Y tampoco queda afuera la contribución que incide sobre la construcción de obras y fraccionamiento de parcelas. Todas tasas que forman parte de la Ordenanza Impositiva 2016, aprobada este año por el Concejo Deliberante. 

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Es claro que aunque la Municipalidad de Huillapima no cuente con una norma tributaria tan exhaustiva como la capitalina, tiene una gran posibilidad de incrementar sus ingresos en caso de que semejante universo de contribuyentes quede en su jurisdicción. Por eso, desde el punto de vista de Huillapima, será importante el papel que desempeñen los legisladores de Capayán. Desde el intendente Omar Soria hasta los concejales del municipio; desde el senador provincial Hugo Corpacci hasta el propio diputado nacional Néstor "Chicho” Tomassi, quien aunque no es parte de este litigio, es oriundo de Capayán y del distrito Huillapima, y por ende los vecinos que lo votaron esperan un pronunciamiento individual. Por lo pronto, el primer paso deberá darlo la Comisión de Límites que funcionará en la órbita de la Legislatura provincial, donde se espera que el trabajo se lleve a cabo de acuerdo con parámetros objetivos y exento de presiones políticas. 

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