El pago de más de 2,2 millones de pesos a las empresas Comunicaciones Sudamericanas y Hytec Altos América por servicios publicitarios revela que las intenciones ocultas detrás de la creación de algunas sociedades del Estado tienen menos que ver con la búsqueda de eficacia y beneficios para el erario que con la posibilidad de eludir los controles que se hacen sobre el manejo de los recursos públicos en los organismos estatales ordinarios. En este caso, la trama involucra a Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN), cuya participación fue necesaria e imprescindible para el diseño de la maniobra administrativa que habilitó en el pago a las dos firmas, por trabajos de promoción realizados supuestamente en la última feria internacional minera realizada en Toronto, Canadá, en marzo.
A favor de las autoridades de CAMYEN debe consignarse la rapidez con que su presidente, Daniel Issi, respondió al pedido de información que hizo El Ancasti para verificar los datos. Reconocer esto no es contradictorio con subrayar que las explicaciones del funcionario de ningún modo alcanzan para aventar las sospechas que impregnan el trámite. Issi se preocupó por destacar específicamente que CAMYEN solo celebró contrato con Comunicaciones Sudamericanas SA y no con Hytec. Sin embargo, Hytec elaboró la propuesta de promoción para CAMYEN y CAMYEN le encomendó a Comunicaciones Sudamericanas aceptarla y ponerla en marcha. Es decir: que el directorio de CAMYEN aceptara la propuesta de Hytec, como claramente surge del contrato que celebró con Comunicaciones Sudamericanas, fue condición necesaria para que Hytec cobrara su tajada. La urdimbre del negocio fue una sola y no hubiera podido tramarse sin la intervención de la empresa catamarqueña.
Conviene detenerse en las características del trámite. En cualquier otro organismo del Estado, debería haber pasado por diferentes instancias de control para garantizar su legalidad y racionalidad, pero como CAMYEN es una sociedad del Estado no debe atenerse a tales engorros. Ese es el quid de la cuestión: el desempeño de la CAMYEN no está sujeto a control alguno, pese a que administra recursos y patrimonio público. Las sugestivas tratativas con Comunicaciones Sudamericanas y Hytec se desarrollaron a espaldas de la opinión pública y de las instituciones, y quizás habrían permanecido en las sombras si este diario no se hacía de la información y la difundía. Las sociedades del Estado configuran un circuito económico oculto, propicio para ejecutar cualquier enjuague. Téngase en cuenta que ni siquiera sobre los organismos estatales comunes, que sí están expuestos a escrutinio público e institucional, puede hablarse de transparencia y apego a las normativas, como lo demuestran muchos sonados casos, y se tendrá una relativa dimensión del riesgo de corruptelas que sociedades tipo CAMYEN incuban.
Más inquietante resulta la situación que exponen las maniobras para pagar servicios de promoción en cuanto se advierte que CAMYEN debe ser financiada por el Estado, porque no arroja utilidades y más bien demanda la cobertura de pérdidas por los salarios, viáticos y otros gastos de representación que cobran sus jerarcas y los misteriosos contratos como el ahora conocido. Los más de $2,2 millones para Comunicaciones Sudamericanas y Hytec se suman a las cuentas de la alegre delegación catamarqueña que se trasladó a Toronto en marzo sponsoreada por el Estado, muchos de cuyos integrantes no tenían nada que ver ni con la CAMYEN ni con la actividad minera.
