Personal del Ministerio de Obras Públicas y el Tribunal de Cuentas realizó ayer una nueva inspección para determinar daños en la estructura del Estadio Bicentenario. El anuncio de que el Colegio de Ingenieros realizaría un informe sobre las fallas de edificación y las posibles soluciones, realizado en septiembre del año pasado, no ha sido suficiente para detener el deterioro de las instalaciones, vaya a saberse por qué. Debe ser que las tribunas no se enteraron de la noticia. Según las autoridades de Obras Públicas y el Centro de Ingenieros, el informe iba a estar listo en tres meses, pero ya van ocho sin novedades. La semana pasada, luego de que este diario diera a conocer nuevas grietas, se dijo que el informe estaría antes del fin de semana. Plazo vencido y el poncho no aparece. La recorrida de ayer, de tal modo, se anota como otro episodio de una farsa, por mucho que el encargado del Estadio, Luis Álvarez, diga que "el expediente está siguiendo su camino" y que la visita de ayer "forma parte de esa investigación, que sigue el rumbo que tiene que seguir”.
El año pasado, antes de anunciar el convenio con el Colegio de Ingenieros, Obras Públicas escenificó un gran despliegue en el Estadio y la Fiscalía de Estado reafirmó la decisión de ir a fondo contra la empresa constructora, que por su parte le echó la culpa de la decadencia a la falta de mantenimiento, que corre, o debería correr, por cuenta de la administración pública. Mientras, el trámite para la recepción definitiva del Estadio sigue trunco, sujeto a las fluctuaciones del "expediente" mencionado por el señor Álvarez, y ni Obras Públicas ni la Secretaría de Deportes se hacen cargo de solventar las deficiencias. Menos de la mitad de la estructura, por la que se pagaron unos $200 millones, está en condiciones de ser utilizada. Capaz que se esté aguardando algún derrumbe o daños totales que justifiquen licitaciones multimillonarias, pasibles de "cartelización".
Vaya a saberse qué especulaciones rondan el magín del funcionariato de Obras Públicas, pero fueron reconfortantes las manifestaciones del secretario de Deportes Maximiliano Brumec. "Quiero dejar en claro que tenemos la intención y queremos hacer todo lo posible para refuncionalizar el Estadio y que realmente pueda ser lo que debía haber sido. Para lograr eso necesitamos algunas instancias legales necesarias en las que nosotros no podemos interceder, simplemente decir que tenemos toda la disposición para que esto salga adelante y se pueda hacer”, dijo el sujeto. Puede ser tranquilizador conocer las intenciones de don Brumec, pero contribuye más bien poco a la confianza pública la fe que tiene puesta en las burocracias gubernamentales y judiciales, que no se caracterizan precisamente por su celeridad.
Ocho meses no bastaron para que el Colegio de Ingenieros se expida. La confección del Plan Marshall implementado por los Estados Unidos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial debe haber demorado menos. Hay que considerar además que, aparte del informe de la institución, tienen que terminar de desarrollarse las tratativas entre la empresa Capdevila y el Gobierno, condicionadas por las alternativas judiciales del vodevil, para determinar quién se hace cargo de las onerosas refacciones. Brumec podría echar raíces antes de que alumbre una solución concreta. El Megaestadio, en el que la gestión anterior gastó $200 millones detraídos de potenciales inversiones en, por ejemplo, infraestructura de servicios, podría quedar en la ruina misma, atractivo para que los turistas pueda visitarlo como si fuera el Coliseo Romano o la Acrópolis. Lo del secretario de Deportes, de tal modo, no es más que una confesión de impotencia, que se suma, patética, a la farsesca manipulación política de los perjuicios perpetrados contra el Estado.
