En la edición de hoy se publica la lista de los funcionarios del Ministerio de Educación que, según la Unión de Docentes Argentinos (UDA) estarían en situación de incompatibilidad por cobrar "horas institucionales" en diferentes Institutos de Educación Superior (IES) al mismo tiempo que desempeñan tareas de alta responsabilidad en la cartera que conduce Daniel Gutiérrez. El gremio asegura que las horas fueron otorgadas en forma irregular y añadió a las imputaciones la designación de directivos también en contravención con las normativas vigentes. Este tipo de denuncias de los sindicatos forman parte de los usos y costumbres de los litigios que mantienen con Educación. No es la primera vez que se hacen, seguramente no será la última, y habrá que esperar para saber hasta qué punto son ciertas las incompatibilidades esgrimidas. Sin embargo, precisamente por lo tradicional de la mecánica, llama la atención que Educación no haya tenido lista una respuesta inmediata. Solo el subsecretario de Gestión Educativa, Ricardo Cuello, desmintió las aseveraciones de la secretaria adjunta de UDA, Adriana Vega Cativa. El funcionario negó rotundamente tener asignadas horas en un IES del departamento Santa María. "Hay más de 15 funcionarios implicados en esta cuestión. Queremos que expliquen el criterio con el que se hicieron nombramientos en superior. Hay personas que ni tienen título docente y obtuvieron cargos", denunció Vega Cativa.
Los nombres de los supuestos infractores, proporcionados por UDA, se publican hoy (ver página 14). Toca a Educación responder las inquietudes del sindicato, que exige una reunión urgente y se declaró en estado de alerta y movilización, y a la opinión pública. Hasta entonces, lo que puede constatarse es el enrarecimiento del clima en el ámbito educativo. La arremetida de UDA se suma a la de ATECA, que convocó a un paro para mañana y el viernes en protesta por incumplimientos de la paritaria 2015. La revelación de que se habrían asignado horas "institucionales" al margen de la normativa generó un gran revuelo en Educación, donde por estas horas pergeñan explicaciones plausibles para lo que a primera vista parece un privilegio inadmisible. El rigor del impacto será peor si se confirma que las horas asignadas en realidad no se dictan, con lo que se configuraría un fraude. Manejó hábilmente los tiempos UDA: con los gremios en pie de guerra, estos enjuagues disminuyen la autoridad política de Educación para plantear restricciones al festival de licencias, comisiones de servicio y licencias gremiales que han transformado al ámbito educativo en un aquelarre de prebendas. Corresponde señalar el mérito de la ecuanimidad: sea con horas institucionales, licencias injustificadas o gremiales -que son mas o menos lo mismo- o comisiones de servicio, en Educación las gangas no se le niegan a prácticamente nadie.
Aunque sea difícil imaginar lo que vayan a inventar en Educación para tratar de sortear el papelón, es evidente que no cumplió con una premisa que debería haber sido principal si la pretensión era avanzar a fondo contra el ventajismo endémico en el sistema educativo: cuidarse como de orinarse en la cama de incurrir en conductas poco claras. Con las "horas institucionales", los gremios se apoderaron de un naipe que no será sencillo neutralizar; pretenderán, con alguna razón, debe admitirse, imponer en las tratativas cuya apertura exigen el edificante principio de que entre bomberos no es lícito pisarse la manguera; o, en una paráfrasis más apropiada, que entre piratas no ha de haber cañonazos. Justo cuando las facciones de ATECA introducen el tema de las licencias gremiales y su insuficiencia para cubrir a todos los integrantes de la conducción, viene a saltar este asunto de las "horas institucionales". Cuánta mala suerte.
