Más allá de las inevitables especulaciones sobre las intenciones subalternas que movilizarían al Gobierno en su empeño de llevar de tres a siete la cantidad de miembros de la Corte de Justicia, la iniciativa cuenta con la virtud de la pertinencia. El Poder Judicial catamarqueño no se destaca por su eficacia y el proyecto oficial permitirá posicionar el debate sobre esta deficiencia en la agenda pública. Aunque es cierto es que la reforma judicial quedará trunca si se limita a un mero incremento de poltronas, no lo es menos que por algún lado hay que empezar. Al Gobierno podrán achacársele muchas cosas, pero no el no haber al menos intentado introducir modificaciones en el sistema institucional, con el proyecto de reforma de la Constitución primero, para terminar, entre otras cosas, con la rémora de la reelección indefinida, y ahora con este impulso a la discusión sobre la devaluada Justicia local.
Las escaramuzas iniciales arrojaron indicios sobre la vigencia de concepciones que asumen la Corte como un botín.
El oficialismo propone siete miembros. Para el FCS, la cantidad es excesiva y obedece a la necesidad que tiene el Gobierno de pagar a sus aliados las facturas del acuerdo con puestos judiciales de la más alta responsabilidad, ya que carece de mayoría en la Cámara de Diputados para hacer prosperar el proyecto por sí solo. Advierte además que, si suma cuatro firmas, el oficialismo quedaría en mayoría ante los tres integrantes actuales, con los peligros de manipulación que semejante maniobra implica. Lo más conveniente, concluye, es que la cifra se establezca en cinco.
Desde el Gobierno responden, con idénticos criterios matemáticos, que los radicales pretenden perpetuar la mayoría de los tres miembros en ejercicio contra los dos nuevos casilleros que se abrirían.
En el embrión de las negociaciones, de tal modo, lo prioritario pasaba por establecer a qué facción política pertenecería la mayoría de la Corte, cosa que tiene que ver más bien poco con un mejoramiento de la calidad del servicio judicial.
Sin embargo, el nivel del debate parece ascender. La oposición pergeña una ley para excluir al Poder Ejecutivo de la designación de los nuevos miembros de la Corte y avanzar en una reforma más de fondo, de la que solo marcó los trazos gruesos. Se verá qué alumbra, pero en términos institucionales es difícil negar lo saludable de que se fijen mecanismos tendientes a restringir el favoritismo político en la designación de jueces, tema en el que el FCS puede aportar mucho precisamente por la experiencia ganada en armarse una Justicia a su medida después de poner a todo el Poder Judicial de la Provincia en comisión, hace ya un cuarto de siglo.
Erario indefenso
Sobre los inconvenientes que para el ciudadano común ayuno de palancas devienen de una Justicia ineficaz se ha dicho ya demasiado. Obtener respuestas del Poder Judicial puede demandar la incursión en purgatorios inacabables. Los engorrosos trámites que deben realizar las víctimas de delitos implican condenas peores que las aplicadas a los delincuentes; incursionar en la Justicia Civil es una aventura extensa, plagada de incertidumbres y sospechas de enjuagues entre aves negras y magistrados. Es indiscutible que deben hacerse cambios para imprimir celeridad y transparencia a los procedimientos, dos cualidades que no han de aparecer sólo porque los miembros de la Corte pasen de tres a siete, cinco o cien.
Lo que no parece estimular tanto a los juristas locales es la indefensión en que se mantiene el Estado frente a los múltiples hechos de corrupción que lo perjudicaron y perjudican.
La causa del negocio del hambre a través de las compras directas en el área de acción social se elevó a juicio y espera fecha cuando han pasado ya tres lustros de la comisión de los delitos, que fueron públicos, notorios y escandalosos. Otro tanto puede decirse del "megafraude” de las fundaciones, en la misma cartera.
Los fuertes indicios de cartelización entre firmas constructoras para amañar las licitaciones de viviendas en el IPV no fueron suficientes para despertar la curiosidad de fiscales y jueces, y la prescripción de los eventuales delitos sería segura si no fuera porque Fiscalía de Estado ya tiene elementos para precipitar el inicio de una causa.En la extendida impunidad que, con muy escasas excepciones, beneficia a corruptos y corruptores, la desidia, incompetencia o complicidad judicial se conjuga con la prescindencia de los organismos a cargo del control de las cuentas públicas.
Otros ejemplos
Los ejemplos de casos de corrupción consignados son los que se mantienen regularmente a la cabeza de la agenda periodística. Otros estallaron con fuerza en su momento y luego se licuaron sin que el Poder Judicial, con su actitud típica, profundizara en ellos. Fueron síntomas claros de la existencia de corrupción estructural en el Estado que ni los funcionarios del Estado ni la Justicia se preocuparon por atacar.
Entre los más conocidos:
- Se confirmó que cooperativas de desocupados armadas con el propósito teórico de trabajar para la Municipalidad de la Capital eran en realidad manejadas por personas que cobraban sumas cuantiosas y destinaban una parte ínfima al pago de los sueldos de unos pocos empleados, sobre los cuales, dado que eran cooperativas, no debían abonar cargas sociales. Por ejemplo: el municipio les pagaba 30 mil pesos por mes para limpiar un predio, y destinaban menos de 5 mil a salarios e insumos. El sistema fue desmantelado por la actual gestión municipal, pero jamás se investigó judicialmente. Tampoco se determinaron ni recuperaron los montos defraudados con la necesaria complicidad de funcionarios.
- También fueron denunciadas con grandes alharacas las sumas pagadas por la comuna en concepto de alquiler de maquinarias para hacer movimientos de suelo imposibles de constatar o probadamente falsos. Algunas firmas embucharon millones de pesos con esta maniobra, que también requería el concurso de funcionariato venal, pero nada se investigó ni se planteó en la Justicia, que se mantuvo prescindente.
- El Gobierno provincial identificó y denunció en 2012 a punteros que extorsionaban a beneficiarios de planes sociales. Los punteros conseguían y mantenían los planes sociales, a cambio de un porcentaje de lo que el beneficiario cobraba. Si el beneficiario se resistía a entrar en la componenda, le quitaban el plan. Los punteros denunciados aprovechaban también para que los beneficiarios les hicieran trabajos particulares, y los usaban para nutrir la concurrencia a reuniones y actos políticos. Esta causa judicial no registró ningún avance, pese a que fuentes de Casa de Gobierno especularon que una revuelta popular en el Barrio Parque América había sido inducida por punteros a los que se les había restringido el manejo de planes sociales, algunos de los cuáles la estafa les permitía cobrar hasta 40 mil pesos por mes, que se volcaban al circuito delictivo para, por ejemplo, el tráfico de drogas al menudeo.
- Cuando erar ministro de Desarrollo Social, en 2012, el actual diputado Oscar Pfeiffer aseguró que había funcionarios de la gestión del radicalismo incluidos en las listas de beneficiarios de programas sociales, especialmente en el de los vales Pro-Familia. Nunca dio a conocer los nombres, no se hizo denuncia alguna en la Justicia, la Justicia no actuó de oficio.
Síntomas de corrupción estructural
La lista puede ser incompleta, pero alcanza para exponer la reticencia del Poder Judicial a involucrarse y comprometerse en la investigación de hechos de corrupción. El común denominador en todos los casos mencionados es la conformación de estructuras dedicadas al saqueo sistemático de fondos públicos, en las que no es complejo encontrar indicios de lo que se conoce como asociaciones ilícitas.
La reforma de la Justicia no sólo sería defectuosa si se limitara al incremento de los miembros de la Corte. También debe incorporar institutos que garanticen la persecución y sanción de las corruptelas y reduzcan de este modo el margen a la impunidad.
CAJÓN
No parece estimular a los juristas locales la indefensión en que se mantiene el Estado frente a los múltiples hechos de corrupción que lo perjudicaron y perjudican.
