Lo que ha sucedido en Bolivia a partir de la expresión del electorado de ese país en el referéndum para modificar la Constitución y permitir una nueva reelección de Evo Morales, bien puede tener una lectura política que exceda los límites del vecino país.
El presidente boliviano lanzó la iniciativa confiado en que el apoyo popular del que goza iba a ser suficiente para forzar su proyecto de continuidad en el gobierno. En octubre de 2014, es decir, hace menos de un año y medio, el primer mandatario de origen indígena triunfó en los comicios presidenciales con casi el 62% de los votos, un triunfo contundente que reconoció el valor de una gestión que propició el mayor cambio social y económico en la historia de Bolivia, con políticas inclusivas para los sectores de mayor vulnerabilidad social.
Sin embargo, si bien los resultados definitivos se demoran, todo parece indicar que en el referéndum los ciudadanos votaron mayoritariamente por el no, clausurando la posibilidad de que Morales continúe en el poder.
Muchas lecturas se podrán hacer respecto del rechazo a las pretensiones de Evo de continuar como presidente hasta, al menos, el año 2025, luego de un apoyo tan contundente como el del 2014. Pero hay una que es inevitable: la gente avala mayoritariamente la gestión de gobierno, pero tal vez no apoya los proyectos que apuntan a modificar legislación y, más aún, la Constitución nacional, para tornar posible la eternización en el poder.
La posibilidad de alternancia en el gobierno de distintas fuerzas políticas, o en todo caso de diferentes personas del mismo partido, es una institución republicana que la gente habitualmente valora más que los dirigentes.
Por eso no deben interpretarse como contradictorias las decisiones del electorado boliviano del 2014 y del 2016.
La historia reciente argentina presenta numerosos casos de dirigentes que han pretendido habilitar posibilidades de reelección aun cuando deban forzar interpretaciones legales o propiciando modificar leyes y constituciones.
Como contrapartida a estos voluntarismos se han generalizado en las constituciones de las distintas provincias –la nacional ya la tiene- las cláusulas que prohíben las reelecciones indefinidas. Una de las pocas que no las tienen en la de nuestra provincia, reformada en 1988 por última vez. El proyecto de necesidad de la reforma que se estudia en la Legislatura contempla esa restricción democrática, y según las expresiones públicas es compartida por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.
Los dirigentes políticos deberían analizar con detenimiento el mensaje de las urnas bolivianas. Si bien seguramente habrán influido muchos factores, no debe desconocerse que hubo el domingo en el vecino país un freno popular a ciertas pretensiones hegemónicas.
Los ciudadanos pueden avalar una gestión, pero al mismo tiempo impedir, mediante mecanismos democráticos, que los gobernantes se eternicen en los sillones del poder. Y esa es una lección para toda la clase dirigente.
