Como consecuencia de un ciclo positivo de lluvias de los últimos años, la crónica escasez de agua en Catamarca ha pasado un tanto inadvertida.
El problema ocupa últimamente un segundo plano entre las preocupaciones de los catamarqueños, y, a diferencia de otras épocas, los cortes en el suministro se deben mayoritariamente no a la carencia del líquido elemento sino a problemas derivados de deficiencias en la infraestructura de distribución o a interrupciones en el servicio de energía eléctrica que alimentan las bombas en los pozos que extraen el agua subterránea.
Esta bendición de la madre naturaleza favoreció una inveterada práctica de los catamarqueños, sobre todo los que habitan el valle central, cual es el derroche de agua. En rigor, se trata de una costumbre muy argentina, pero que en otras regiones donde el agua abunda, como la Pampa Húmeda o el noreste surcado por numerosísimos ríos, tal vez encuentre un justificativo mayor.
Es sabido, incluso, que nuestra provincia tiene un consumo por día por habitante superior al promedio y a los límites aconsejados por los estándares que fijan los organismos internacionales especializados en la problemática.
Pero se sabe que la naturaleza un año te concede y al otro te quita, sobre todo en estas épocas en el que el cambio climático en el que todas las variables parecen moverse en márgenes extremos. De modo que en algún momento vendrán tiempos de lluvias exiguas y sequías preocupantes. Entonces, el derroche que ahora es un hábito no apropiado pasará a ser una conducta condenable.
Por lo dicho es que debe entenderse como razonable la decisión que acaban de adoptar la empresa Aguas de Catamarca y el Ente Regulador de Servicios Públicos y Otras Concesiones (ENRE) de aplicar, a partir del 1 de marzo, la resolución 059/015 que establece el control, notificación y severas multas para quienes derrochen el agua de manera indiscriminada en todo el Valle Central.
Según la información dada a conocer ayer por El Ancasti, los inspectores que estarán a cargo de los controles observarán con atención preferencial a quienes usen la manguera o hidrolavadora para el lavado de veredas y automóviles en la vía pública. También a quienes rieguen con agua potable calles pavimentadas o no. Será motivo de multas, señala el informe, desperdiciar agua regando plantas, jardines y espacios verdes de 9 a 20.
Las inspecciones servirán, además, para detectar dos problemas que no están hasta el momento debidamente revelados: las conexiones clandestinas y los lavaderos no autorizados de automóviles.
Los operativos y las eventuales sanciones provocarán probablemente airadas protestas. Pero estas quejas no deberían ocurrir, salvo que se trate de castigos injustos. La necesidad de preservar un bien escaso como el agua justifican la aplicación de la reglamentación vigente, aunque a muchos les duela en los bolsillos.
Acompañadas por las campañas de concientización apropiadas, no vendrán mal sanciones a conductas inadecuadas de derroche de un elemento tan necesario.
