El 26 de junio de 2002 se produjo un hecho que cambió por más de una década la perspectiva de la mayoría de los argentinos en cuanto de la actitud que el Estado y las fuerzas de seguridad deben tener respecto de las protestas sociales.
Aquella jornada se produjo el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán por parte de efectivos policiales que reprimían con armas letales una movilización. El caso fue determinante para que el entonces presidente Eduardo Duhalde decidiera anticipar su mandato, convocar a elecciones y no presentarse como candidato. Pero también generó en la conciencia social la convicción de que la intervención de las fuerzas de seguridad frente a las protestas populares no debía ser violenta.
Esta suerte de protocolo de actuación devino muchas veces en excesiva pasividad. Ya se ha abundado en estas páginas respecto de la proliferación de micropiquetes, protestas de las que participan unas cuantas personas pero que complican la vida de miles, y que muchas veces persiguen objetivos muy acotados que podrían resolverse a través de otro tipo de reclamos.
Los cortes de ruta surgidos en la década del ´90, utilizados como recurso por familias de trabajadores despedidos de Tartagal o Cutral-có, ciudades donde el desmantelamiento de YPF promovido por el menemismo hacía estragos sociales, tenía como propósito llamar la atención de los medios nacionales, y por ende de la población argentina, de la situación de miseria y desesperación en la que caían miles de personas.
Pero aquel recurso, justificado por la naturaleza de las causas que lo motivaban, se generalizó con el correr de los años como un método, a veces, más cercano a la extorsión que a una legítima medida social.
En la Argentina actual se vive un clima de creciente tensión social, y el gobierno nacional asumido el pasado 10 de diciembre ha decidido que es necesario reformular, a la luz de la nueva realidad, el accionar de las fuerzas de seguridad frente a las manifestaciones. Por eso acaba de presentar su protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad.
La decisión es congruente con las demandas de muchos sectores que ven limitados muchas veces su derecho al tránsito, pero ya ha merecido el rechazo de los organismos de derechos humanos.
Es que si bien es necesario generar desde el Estado reglas del juego para ordenar la protesta social, hay temores respecto de que este nuevo protocolo termine generando episodios de represión que remitan a otras épocas.
Para colmo de males, las palabras pronunciadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al momento de justificar el nuevo protocolo no ayudan a despejar dudas sobre si los métodos a implementar constituyen una solución o un agravante a los problemas e incomodidades que generan los reclamos callejeros. Refiriéndose a los cortes de ruta o calles advirtió: "Les vamos a dar cinco minutos; se van o los sacamos”.
En coyunturas como la actual, en la que se observa una evolución de las protestas sociales, la prudencia suele ser la mejor consejera. El Estado debe garantizar que ningún derecho se vulnere: ni el de protesta ni el de libre circulación. La pasividad absoluta no es el camino adecuado, pero tampoco lo es el de la violencia. Quizás deba ser el del diálogo y la negociación, que la mayoría de las veces da buenos resultados.-----------------------
El nuevo protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad contra los piquetes es una herramienta necesaria, pero puede dar lugar a consecuencias no deseadas.
