Gran repercusión alcanzaron las condenas del Tribunal de Cuentas que cayeron sobre los ex intendentes Pablo Názar (Chumbicha) y Simón Quintar (Tinogasta). El primero pertenece al peronismo y el segundo a la UCR, como para que a nadie se le ocurra que el organismo peca por falta de ecuanimidad. Coinciden ambos sancionados, sin embargo, en que ya dejaron atrás sus tiempos de gravitación política significativa, crudo presente que explica la ausencia absoluta de manifestaciones de solidaridad o intentos de defenderlos públicos, al tiempo que advierte sobre las ingratitudes que reserva el destino a quienes no puedan mantener sus influencias. Názar y Quintar deben responder administrativa y judicialmente por sus faltas, pero es indudable que muy otra hubiera sido la actitud de sus antiguos cofrades si todavía registraran peso en la balanza política; alguno hubiera salido a denunciar presuntas persecuciones, a diseñarles justificativos, a objetar la autoridad de quienes los castigaron. Pero ya no integran la cofradía; en consecuencia, tendrán que jinetearla como sepan y puedan, que nadie ha de ayudarlos a enderezar el apero. Carne pa’ los chocos ya, cualquiera puede ensañarse con ellos sin temor a reacciones.
El más complicado, y el de orfandad más notoria, es Názar. Muy decolorado, el ex caudillo de Chumbicha. Solita su alma salió a cruzar la decisión del Tribunal de Cuentas que lo condena a devolver nada menos que 5 millones de pesos, disposición administrativa que el organismo complementó con una denuncia penal. El ex intendente impugnó el procedimiento. Dijo que el vocal Víctor Villarroel le tiene "animadversión”, interpuso una acción contencioso-administrativa ante la Corte de Justicia. Sus argumentos no recibieron ni una adhesión, aunque es posible que alguno lo haya contactado en privado para sondear si se disponía a desembuchar detalles inconvenientes, en la misma línea preventiva seguida con el ex intendente antofagasteño Carlos Fabián, engayolado por enjuagues millonarios con las regalías mineras. La "omertá”, respiran aliviados varios, todavía no se ha roto.
Pero al margen de las infracciones que Názar y otros caídos en desgracia hayan cometido, por las que bien está que den las explicaciones que hagan falta y paguen llegado el caso, a nadie escapa que son sacrificados por un sistema corrupto al que han dejado de serle útiles. Al estilo de los carteles de droga, que entregan cada tanto cargas y empleados para mejor continuar con sus tropelías. Qué vachaché, diría Discépolo: tales son las reglas del juego, y deberían haberlas considerado quienes ahora, ya perdidas las relaciones, tienen el pellejo en peligro, a la intemperie del despoder. La estructura que los sacrifica tenía y tiene jerarcas, funcionarios y legisladores que operan en los entresijos de la administración pública y los cenáculos del poder para eslabonar negocios e impunidad, a cambio, por supuesto, de la tajada correspondiente por los servicios prestados. A ellos no habrá Tribunal de Cuentas ni Poder Judicial que los incomode mientras mantengan relaciones y sirvan al despojo de las arcas públicas. Ahí está la foto que ilustra la columna de hoy, con los ex intendentes Názar y Omar Santucho (Huillapima) en amable caminata junto al extinto operador Armando "Bombón” Mercado y el ex secretario de Obras Públicas de la Nación José López, el de los bolsos del convento, ofrendado a la opinión pública por una Justicia que recién empezó a moverse cuando el poder que lo amparaba se volvió inofensivo.
