Es un clásico de cada año: se acerca la fecha del tratamiento y aprobación del proyecto de presupuesto nacional y se multiplican las reuniones y gestiones que trascienden los límites del Congreso. Es decir, exceden largamente la tarea de diputados y senadores e involucran además a los gobernadores de las provincias y sus gabinetes.
No es para menos: la de Presupuesto es considerada la ley fundamental, la que determina las características generales del plan de gobierno, y en ese marco los criterios de distribución de los recursos.
En los períodos en los que el oficialismo cuenta con mayoría en ambas cámaras, los márgenes de discusión se reducen y se amplían los de la arbitrariedad. En la etapa actual, en la que hay cierto equilibrio entre los bloques del oficialismo y los diferentes de la oposición, pues ninguno cuenta con los números suficientes para imponer su voluntad, las negociaciones son una herramienta imprescindible para que la ley se apruebe.
Los gobernadores son una pieza clave, porque influyen sobre el sentido de los votos de los senadores nacionales que representan a las provincias. Y por tal razón estas instancias previas de debate son clave para que las jurisdicciones obtengan beneficios en la distribución de los fondos y en la inclusión de obras de infraestructura a desarrollarse en sus territorios.
En las reuniones previas que se vienen manteniendo, los mandatarios provinciales piden que se coparticipen los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la totalidad del impuesto al cheque (en la actualidad solo el 30% se suma a la coparticipación), refinanciar las deudas provinciales, financiar las cajas previsionales y crear un fondo de convergencia, con el 3% de la toma de deuda que haga Nación.
"Queremos que el fondo no solo sea para obras públicas, sino también para beneficios sociales. Macri tiene que entender que no solo él necesita gobernabilidad. Y este año perdimos 30 mil millones de pesos por las reformas impositivas del Gobierno”, sostuvo el diputado Sergio Zillioto, que representa en las negociaciones los intereses del gobierno pampeano.
El Norte Grande Argentino es claramente la región más postergada. Pero las diez provincias que la componen reúnen apenas un poco menos de la mitad de los senadores. Si se sumasen las voluntades de los senadores de Cuyo, otra de las zonas postergadas, ambas regiones tendrían más votos que las que reúnen las regiones más ricas: Centro, Pampa Húmeda y Patagonia.
De todos modos sería una ingenuidad pensar que en este tipo de negociaciones prima de manera absoluta el alineamiento regional por sobre el partidario. Es decir, suponer que los senadores de las provincias norteñas pero que pertenecen al bloque de Cambiemos votarán iniciativas que favorezcan a la región aun cuando sean contrarios a los planes o intereses del gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri.
De todos modos, aunque los intereses partidarios a veces predominan por sobre los provinciales, resulta atinado en este contexto recordar la naturaleza de la representación de los senadores, y pedirles un esfuerzo para que defiendan los recursos de los gobiernos sub-nacionales, sobre todo los del norte argentino, siempre los más escasos a la hora del reparto.
